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La judicialización electoral

RICARDO HOMS

La intervención de la Fiscalía General de la República para fincar cargos a los dos candidatos punteros en la campaña por la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, de MC y Adrián de la Garza, del PRI, significa la intervención del Gobierno Federal en este proceso, pues la FGR, aunque en estricto sentido es autónoma, parece responder a los deseos presidenciales.

El Presidente de la República reconoció en una mañanera su interés en intervenir en la contienda por la gubernatura de ese estado, "para evitar posibles fraudes que atentan contra la democracia".

Las denuncias de la FGR en contra del candidato del PRI en NL por el uso de la tarjeta rosa en campaña, detonó la confrontación de criterios entre Ciro Murayama, consejero electoral del INE y Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, del Senado y líder de la bancada de MORENA, quien justifica la intervención de la FGR, lo cual ha evidenciado un grave conflicto de intereses que vulnera la democracia: no debe haber dos instituciones vigilando al mismo nivel de responsabilidad y atribuciones un mismo proceso.

El INE, reconocido como árbitro electoral, que es el espíritu de su identidad institucional y su misión y en contraposición la FGR, no pueden participar sancionando el mismo proceso con las mismas atribuciones, según nos indica el sentido común.

El Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que es delito grave el uso de los programas sociales con fines electorales y esto evidentemente cae en el ámbito judicial, pues en las reformas al Artículo 19 constitucional se incluyó entre el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, el uso de programas sociales con fines electorales.

Sin embargo, la interpretación de cuándo una acción electoral es constitutiva de delito, requiere un criterio especializado, que corresponde determinar al árbitro electoral y no al ejecutor de la justicia, que es la FGR.

Al INE no le compete la integración, averiguación, ni prevención del delito electoral, pero sí denunciar los delitos electorales ante las autoridades judiciales.

Por tanto, debe reconocérsele al INE su especialización en el ámbito electoral y su liderazgo para realizar interpretaciones y generación de criterios respecto a la posible configuración de delitos electorales. De este modo la FGR debe convertirse en el brazo ejecutor de la justicia electoral, pero al servicio del INE.

Esta incongruencia ha permitido el uso de las instituciones judiciales para bajar candidatos de contiendas electorales y dejar abierto el camino al representante del grupo en el poder.

El Congreso debe legislar para blindar las elecciones y protegerlas de interferencias judiciales que pueden llegan desde el Poder Ejecutivo, con temas incluso ajenos al proceso electoral, los cuales podrían haberse desahogado mucho antes de que la persona fuese nombrada candidato, o después de la elección, antes de la toma de posesión del cargo si este resultase ganador.

La manipulación de la justicia debiese ser considerada en sí misma un delito electoral.

Es crucial resolver esta interpretación conflictiva de atribuciones entre INE y FGR respecto a la calificación de los delitos electorales, además de instituir una "veda judicial" durante el periodo de las campañas electorales, a fin de evitar interferencias.

Es necesario fortalecer la legislación electoral con miras al proceso del 2024, pues estas intromisiones judiciales siempre ensucian la vida democrática y pueden acarrear graves consecuencias. ¿A usted qué le parece?

Twitter: @homsricardo

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Escrito en: Editorial Ricardo Homs

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