Este padrón se establece como parte de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (ARCHIVO)
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó este miércoles presentar una controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
"Con este recurso legal, el IFT busca garantizar su autonomía presupuestal, así como un ejercicio eficaz y oportuno de las facultades y fines que constitucionalmente están encomendados a este instituto, a través de los mecanismos previstos por nuestra Constitución y con pleno respeto a las facultades de los demás Órganos y Poderes de la Unión", subraya el regulador en un comunicado.
Este padrón se establece como parte de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicadas el 16 de abril de 2021.
La reforma indica que el instituto instalará, operará, regulará y mantendrá el padrón de usuarios móviles "con cargo a su presupuesto y realizará las acciones necesarias para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes".
Sin embargo, ni en la planeación presupuestal ni en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021, hay recursos asignados para poner en marcha el registro, al ser este último una obligación reciente de gasto generada durante el ejercicio en marcha, detalla el regulador.
El IFT no cuenta con recursos para el padrón, por lo que "el Pleno consideró que no existe justificación para que el legislador determine que el IFT deba realizar las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener dicho padrón se hagan con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes".
Asimismo, indica que el mandato legislativo afecta directamente una garantía institucional de este órgano autónomo prevista en la Constitución que considera al regulador como independiente en sus decisiones y funcionamiento, ejerce su presupuesto de forma autónoma y, con una suficiencia presupuestal que le permita el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias.
