La Cofece consideró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional contra la polémica reforma eléctrica que busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de privadas y extranjeras.
En su lista de notificaciones de este martes, la Suprema Corte informó que el 7 de mayo admitió la controversia 44/2021 que interpuso el 22 de abril la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el organismo antimonopolios de México.
"Se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia", indicó la SCJN.
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El acuerdo de admisión fue notificado este lunes en los estradosLa Cofece consideró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el 9 de marzo e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque viola la libre competencia al privilegiar a la CFE.
La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
Aunque la reforma está suspendida por el Poder Judicial desde marzo por los amparos de empresas y organizaciones, la Suprema Corte rechazó conceder una suspensión adicional que pedía la Cofece.
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Expertos señalan que a la Corte le corresponde resolver la constitucionalidad"Se niega la suspensión solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica", estableció.
Pese a que la SCJN no establece un plazo para un fallo, al consultar el número de expediente el sitio oficial indica que el órgano de radicación es el pleno, por lo que 8 de los 11 ministros tendrían que fallar contra la constitucionalidad de la reforma para invalidarla.
