La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), inició investigaciones contra los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza (PRI) y Samuel García (MC). (ARCHIVO)
La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este lunes que investiga, por presuntos delitos electorales, que se sancionan con prisión preventiva, a dos candidatos a la gubernatura del estado de Nuevo León, norte de México.
En un comunicado, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), indicó que se ha abierto una carpeta de investigación, por los delitos señalados, a Adrián de la Garza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
VER MÁS Dice Adrián de la Garza sufrir presunto acoso por personal de FGR
Reclama que no se ha investigado a Samuel GarcíaEsto "por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada 'tarjeta rosa', que permite obtener dinero" (1,500 pesos, unos 75 dólares), una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador de la citada entidad, "lo cual significa la compra y coacción del voto".
La Fiscalía dijo que la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, "se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente".
La FGR dijo que también está investigando a Samuel García, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) y puntero en la preferencias; a su esposa Mariana Rodríguez y a los padres de ambos por aportaciones de dinero y fondos de origen ilícito con fines electorales.
VER MÁS Defiende Samuel García su campaña en Nuevo León
Acusan PRI y Movimiento Ciudadano que sus candidatos lideran encuestasLa institución dijo que ha recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en contra de los señalados "por hechos presuntamente delictivos".
Se apuntó que estos delitos están señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.
Además, señaló que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la autoridad hacendaria.
El pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió de nueva cuenta la veda que le impide hablar de las campañas para denunciar la supuesta compra del voto que hace la oposición en el norteño estado de Nuevo León y la inacción del Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque la ley le prohíbe hablar de elecciones previo a los comicios del 6 de junio, el mandatario exhibió por segundo día consecutivo una tarjeta con la que De la Garza, del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), promete dinero si gana la gubernatura de Nuevo León.
El presidente ha arreciado sus críticas antes de las elecciones más grandes de la historia de México el 6 de junio, cuando casi 93.5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.
Una de las contiendas más competidas será en Nuevo León, considerado la "joya de la corona" de estos comicios por ser el estado más rico del norte del país y albergar la segunda zona metropolitana más habitada, la de Monterrey.
