Independientemente de quien haya sido el autor de la propuesta, de quien haya presentada la iniciativa; más allá de que ésta fue ya aprobada por ambas Cámaras; enviada a las legislaturas de los Estados para continuar con el trámite correspondiente, el tema que está en la mesa del debate nacional, es el propósito del partido Morena y sus satélites, claro, por instrucciones de su real propietario que, simultáneamente, es el Presidente de la República de ampliar dos años el ejercicio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La función principal, la tarea esencial de la Corte es la defensa de la Constitución, evitar la violación de los principios fundamentales de nuestro texto constitucional a través de tres vías: el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.
El artículo 97, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos establece: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”. Interpretado a contrario sensu quiere decir que el Presidente de la Corte durará en su cargo cuatro años.
El Ministro Arturo Zaldívar (indebidamente lo escribe con “z” cuando lo correcto es con “s”), fue electo en 2018, es el actual presidente de la Corte; de modo que su periodo debe terminar en el 2022. Pero, he aquí que el presidente de la República, ingeniosamente, con astucia, hay que reconocerlo, valiéndose de que Morena, su partido, tiene mayoría en ambas Cámaras extrañamente decidió ampliar de cuatro a seis años el periodo de ejercicio constitucional del titular de la Corte, digo extrañamente porque éste no lo ha solicitado, tal vez ni siquiera lo había pensado. Como se dice popularmente, “el Ministro Zaldívar, se sacó la lotería, sin comprar billete”.
Sobre esto hay un cuento gracioso que platicaba mi suegro, don Juan Segovia, y aquí lo narro: “Un pordiosero estaba afuera del edificio de la Lotería Nacional, escuchando a los niños que cantaban los números de los billetes que salían premiados, diciendo repetidamente “ojalá que me la saque, ojalá que me la saque…” Lo escucha otro sujeto, que por ahí pasaba, y le pregunta: ¿perdone que número tiene usted?, y contesta el señor: ninguno, yo no compré billete. Entonces, como quiere ganársela? Y responde el pordiosero con mucho optimismo. “Ande señor, que no sabe que para Dios no hay imposibles”. ¿Será este el caso del Ministro Presidente?
¿Cuál es el propósito o la intención del Presidente de la República al promover este tipo de reformas constitucionales? ¿Qué busca AMLO al otorgar esta clase de beneficios a quien, como el Presidente de la Corte, ni siquiera lo solicitó? ¿Si el titular del Poder Judicial Federal tiene la obligación de respetar y hacer que se respete la Constitución, aceptará el Ministro Presidente esta reforma y el beneficio que para él contiene, no obstante que se trata de una reforma que tiene su origen en una violación constitucional, o se atreverá a rechazarlo, que es tanto como desdeñar el obsequio que le hace el Ejecutivo, y enfrentar la reacción de éste? Terreno minado pisamos si tratamos dar respuesta a estas preguntas
Es factible que el Ejecutivo Federal busca dos objetivos con la reforma al 97 constitucional: 1.- Tener de aliado al Poder Judicial en caso de que se presente una acción de inconstitucionalidad; 2.-Preparar el terreno de su propia reelección, argumentando que si se hizo con uno de los poderes, el Judicial, que tiene la obligación de velar por el respeto a la Constitución, también procede hacerlo con el Poder Ejecutivo, sin que nadie se asuste por ello.
Si el Ministro Zaldívar rechaza que se amplíe el tiempo de su ejercicio será congruente con su cargo y su deber constitucional; si lo acepta asumirá una conducta despreciable y vergonzante y perderá autoridad moral en otros casos de violación, para resolver un amparo, una controversia o una acción. Desde luego que el Ministro Presidente de la Corte podrá aceptar y de buen grado la reforma que lo beneficia, argumentando que él sólo se somete a lo que el Congreso de la Unión aprobó; que de otra forma incurriría en desacato contra una disposición del órgano legislativo, y sería motivo de una sanción. ¿Y cuál será la actitud que asumirán, lo 10 restantes ministros, ante esta aberración jurídica de trasfondo político?
El titular del Poder Ejecutivo Federal ha colocado en una lamentable encrucijada al Poder Judicial Federal, auxiliado por el Poder Legislativo Federal, que se convierte ipso facto en cómplice de la violación constitucional. Así están las cosas. Hay que prepararse.
