El silencio de la expresidente Áñez (c) no afecta el curso de los procesos. (ARCHIVO)
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se abstuvo de declarar ante la Fiscalía General por un par de denuncias que se le siguen por acciones que tomó durante su Gobierno y que más adelante podrían derivar en procesos judiciales de responsabilidades.
"La señora Jeanine Áñez ha decidido abstenerse a prestar su declaración informativa haciendo uso de un derecho constitucional que le asiste", informó a los medios el fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Gonzalo Aparicio.
El silencio de Áñez no afecta el curso de los procesos ya que la Fiscalía seguirá con la "fase de acumulación de antecedentes" que puede derivar en un informe ante el Parlamento y la posibilidad del inicio de un proceso de responsabilidades, dijo el funcionario.
Aparicio recalcó que "se ha puesto a disposición de ella (Áñez) como de sus abogados defensores todos los antecedentes que cursan" y que se le informó sobre "todos los derechos constitucionales que la asisten".
Una comisión de fiscales encabezada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, se presentó en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores en La Paz a las 9:00 hora local para tomar declaración a la exjefa de Estado interina en dos de los cuatro casos impulsados por el Ministerio de Justicia.
INVESTIGACIONES EN DESARROLLO
Aparicio mencionó que la declaración que debía tomarse a Áñez y por la que guardó silencio es en los casos denominados Fondo Monetario Internacional (FMI) y Fundempresa, a los que tampoco sus abogados se refirieron pese al requerimiento de los medios.
El primero está relacionado a un crédito de 360 millones de dólares que Áñez aprobó sin autorización del Parlamento que generó intereses por 5 millones y que fue devuelto por el Gobierno de Luis Arce y el segundo por una concesión irregular por quince años del Registro Público y Comercio.
También la exmandataria afronta otras dos denuncias por la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión durante la cuarentena de 2020 y por supuestas órdenes a las fuerzas de seguridad para que evitaran el retorno de bolivianos que regresaban de Chile en un periodo crítico de la cuarentena.
Estos procesos están enmarcados en delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y discriminación por las que la Fiscalía General admitió en marzo pasado.
