El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que existen riesgos en la privacidad y la seguridad de las personas con la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. (ARCHIVO)
El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que existen riesgos en la privacidad y la seguridad de las personas con la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
A través de una tarjeta informativa sobre la aprobación de la reforma al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mediante la cual se permite la creación del padrón, el también coordinador de Morena en el Senado reconoció que este problema que calificó de pragmático no interferirá con el fondo y objetivos de la reforma planteada.
"Es cierto que con la centralización de base de datos personales se corre un riesgo a la privacidad y seguridad de las personas afectadas", señaló.
El legislador extendió un análisis sobre algunas de las dudas y críticas que ha levantado la aprobación de la creación del padrón nacional.
Una de las más recurrentes es la relacionada con el argumento de que el padrón viola derechos humanos y pone en riesgo la seguridad de las y los usuarios de telefonía móvil, ante la filtración o acceso no autorizado a dicha información que puede ser utilizada precisamente para cometer delitos.
Sobre el tema dijo que si bien hay un riesgo en la centralización de datos, garantizar dicha seguridad será responsabilidad del IFT como autoridad encargada de operar y vigilar dicho padrón.
"Implementar los mecanismos administrativos y operativos necesarios y suficientes para garantizar que la correcta manipulación y uso de dichos datos sea una realidad en este registro, por lo que este problema pragmático no interfiere de manera directa con el fondo y objetivos de la reforma planteada", insistió.
El Registro de Usuarios contendrá con una serie de información relacionada con la línea de telefonía móvil como el número de línea, el número de identificación único de la tarjeta SIM, la fecha y hora de activación, el nombre completo o razón social del usuario, los datos de su identificación oficial y CURP, el domicilio, los datos del concesionario.
La reforma que se aprobó el martes pasado busca, idealmente, inhibir delitos como el secuestro, la extorsión y la defraudación que se cometen a través de la utilización de teléfonos móviles con líneas de prepago.
En el último semestre de 2019, de acuerdo con la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional, el empleo de los dispositivos SIM Card, registrados en casos de secuestro van desde 3 hasta 16, casi un dispositivo por llamada de negociación.
El total de líneas en 2019, se distribuyeron por tipo de contrato de la siguiente forma: 83.5% de las líneas a prepago, 16.5% a pos-pago.
Monreal argumentó que con esta reforma no se busca que quienes cometan este tipo de delitos se registren, sino que la delincuencia encuentre impedimentos para obtener los medios que facilitan la comisión de sus delitos, como la adquisición de líneas de prepago.
"Lo importante que es, a día de hoy, que las empresas de telecomunicaciones tengan responsabilidad de seguridad con los usuarios, por lo que es necesario que los servicios de telefonía sean controlados en los aspectos de contratación, ubicando a la persona o personas que contraten los mismos", dijo.
