Advierten familias que integran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) que la burocracia obstaculiza la búsqueda y rechazan categóricamente los nuevos procedimientos que se crearon sin su participación y que, en lugar de acceder, obstaculizan los apoyos por considerarlos imposibles de cumplir. (ARCHIVO)
Advierten familias que integran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) que la burocracia obstaculiza la búsqueda y rechazan categóricamente los nuevos procedimientos que se crearon sin su participación y que, en lugar de acceder, obstaculizan los apoyos por considerarlos imposibles de cumplir.
Piden se respete el acuerdo de comprobación de gastos que manejaban los directivos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya que es un escrito donde comprobaban bajo el criterio de buena fe y que existe en las reglas de operación. Que cuando se realicen lineamientos se tome en cuenta su voz con la finalidad de facilitar los apoyos que se otorgan.
Indican que, cuando el Estado Mexicano se responsabilice verdaderamente de la búsqueda e investigación, les traiga de regreso a quienes han desaparecido, brinde protección y seguridad ante la violencia sistemática en el país, ya no se necesitarán más estos apoyos que, por Ley, son un derecho.
Pese la pandemia, familias de 14 estados acudieron a la Ciudad de México para pedir que las autoridades de CEAV les escuchen en relación a esta problemática, incluidos colectivos de Coahuila y Durango.
Señalan que la exigencia principal al Estado Mexicano por parte de las familias ha sido y será la búsqueda inmediata de sus hijos, hijas, esposos, esposas, padres, madres, hermanos, hermanas. Ante la no actuación de las autoridades, decidieron salir a buscar a sus seres queridos desaparecidos perdiendo patrimonio y la vida misma. Por más de una década han hecho marchas públicas para pedir justicia, han tenido reuniones con autoridades, visitan dependencias de gobierno, centros penitenciarios, Semefos y se han plantado en panteones y lugares de exterminio.
Indican que, para cubrir esta lucha, las mismas familias impulsaron la creación de la Ley de Atención a Víctimas que, a través de la CEAV facilita los apoyos para la movilización, sin embargo, desde sus inicios, la CEAV ha operado sin una buena planeación y sujeta al servilismo de personas que no transparentaron su trabajo. Debido a esto, el Gobierno Federal decidió desaparecer el fideicomiso destinado a su operación.
“Ahora estas mismas autoridades crean lineamientos a los que nos debemos de sujetar y que no responden a la realidad que vivimos”, exponen mediante un comunicado, en el que exponen que, como colectivo de FUUNDEC-FUNDEM, rechazan los nuevos procedimientos.
