La Canieti consideró que la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil no contribuirá a reducir los niveles de inseguridad. (ARCHIVO)
La industria de telecomunicaciones se opone a la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil.
Hugo Montoya Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) en Coahuila y Durango, explicó que esta medida no contribuirá a reducir los niveles de inseguridad, por el contrario, se pueden cometer delitos con equipos conseguidos de manera ilegal.
Tampoco ayudará a disminuir las llamadas de extorsión. Se estima que se fomentará más el robo de dispositivos, sobre todo en el caso de prepago. Refirió que cualquier persona podrá consultar la información contenida en el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, esta práctica ya probada con el extinto Renaut (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), que demostró no ser efectiva.
El dirigente de la Canieti, que afilia a la industria de telecomunicaciones, indicó que con este registro se inculpará a ciudadanos bajo presunción de inocencia, por ser sus datos registrados en el uso del equipo, en caso de que se cometa un ilícito con dicho dispositivo. Señaló que puede ser complejo e incompatible entre concesionarios, además de incluir requisitos que pueden detener la penetración de la telefonía en México.
Refirió que, como parte de las penalizaciones, se les puede cancelar el servicio a los usuarios no registrados, sin derecho a reactivación, pago o indemnización lo que atenta a lo establecido en el artículo sexto de la Constitución General.
Por lo anterior, informó que se exhortó al Senado de la República a no aprobar la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la creación de un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, haciendo patente una vez más el compromiso de la industria afiliada a Canieti, para trabajar de forma permanente a favor del cumplimiento de la Ley, en este caso, en materia de telecomunicaciones y protección de datos personales.
