Surgió el 24 de febrero pero fue el 29 de marzo cuando la coordinadora nacional Agua para Todos dio a conocer el nacimiento de la Contraloría Social del Agua de la Comarca Lagunera como "una buena noticia para la defensa de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia hídrica" en México.
El nuevo organismo, nacido en La Laguna -una de las regiones con mayor sobreexplotación y degradación del agua-, es uno de los primeros frutos de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que promueve la coordinadora nacional en la Cámara de Diputados.
La iniciativa ciudadana tiene como base 12 consensos para el agua. Y el objetivo del doceavo es poner fin a la corrupción y la impunidad hídrica.
El soporte es el artículo 4º de la Constitución que establece la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución del derecho humano al agua potable y saneamiento.
En torno a la construcción de un buen gobierno del agua, la coordinadora nacional informa que se han organizado en todo el país observatorios, redes de monitoreo, contralorías y comités pro defensa del agua.
Estas instancias recopilan información, analizan manifestaciones de impacto ambiental y autorizaciones, realizan informes y difunden sus resultados a la prensa.
Comúnmente los integrantes de las comunidades se vinculan con investigadores de las universidades locales.
La Contraloría Social del Agua fue diseñada con el fin de lograr mayor apoyo, visibilidad, facultades e incidencia para estos esfuerzos.
Desde el inicio se propuso una instancia ciudadana, auto-organizada, que trabaje sobre las principales problemáticas de cada zona o región.
Una vez organizada, la Contraloría debe contar con oficina y personas que puedan dar seguimiento a solicitudes de información, gestiones y quejas.
En cada unidad local o regional de la Contraloría se definen sus actividades prioritarias, las cuales pueden incluir asegurar que los Consejos y Asambleas sean construidos de manera democrática, incluyente y libre de conflictos de interés.
¿Cuáles son otras acciones que pueden realizar las contralorías sociales y las transparenten ante propios y extraños?
Realizar actividades de monitoreo y garantizar el acceso y difusión de información sobre la calidad del agua.
Ayudar a los Consejos Regionales y Zonales en la detección de pozos y descargas clandestinas.
Vigilar el acceso a agua de calidad y apoyar la construcción de las bases de datos sobre zonas y causas de incumplimiento.
Vigilar la aplicación de recursos, iniciar auditorías y, si se requiere, coordinarse con sus unidades locales del Sistema Anticorrupción.
Asegurar que las dinámicas de consulta y consentimiento para los Dictámenes de Impacto Sociohídrico sean realizadas de manera incluyente, libre e informada.
Revisar autorizaciones bajo consideración para evaluar si vulnerarían el derecho al agua.
Vigilar los avances o retrocesos hacia el acceso equitativo al agua.
Mantener un mapa interactivo en línea que dé seguimiento al cumplimiento de los distintos componentes del derecho humano al agua y saneamiento.
Realizar informes anuales del desempeño de funcionarios públicos, en los cuales presentarán documentación de actos u omisiones que hayan vulnerado el derecho humano y de los pueblos al agua.
En La Laguna, la construcción de esta contraloría es un proceso, tarea que debe ser del conjunto de la sociedad.
Nació en esta región el 24 de febrero luego del quinto congreso nacional de la coordinadora Agua Para Todos realizado el 19 de ese mes, que acordó celebrar su sexto congreso en la Comarca Lagunera en 2022.
Fijó entre sus primeras tareas transparentar el uso y extracción del agua en La Laguna y erradicar las prácticas irregulares en el manejo de la misma.
Trece agrupaciones firmaron un nuevo pronunciamiento el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Torreón.
Abundan otra prioridad: marcar su desacuerdo con la actualización regional de un nuevo padrón de usuarios ordenada por la Conagua a una comisión de la Universidad de Chapingo, "por no tomar en cuenta a los ejidatarios derechos sino a los presidentes de los módulos que han sido cómplices de la venta ilegal de derechos a una minoría de grandes productores lecheros y ganaderos".
Hay que hacer una limpia total en la Conagua, declaran.
@kardenche
