En América Latina y el Caribe los escenarios actuales proyectan un enorme desconcierto. Queriendo avanzar e ir para adelante, muchos países y la región en su conjunto, parecen ir, en muchos ámbitos, para atrás. Los cambios políticos anunciados, las transiciones político-electorales pactadas, las transformaciones económicas y sociales que se vislumbraban como vehículos para formular sendos programas de gobiernos alternativos, como resultado del mandato de las urnas, destinados a responder a las demandas y movilizaciones sociales, se tornaron, en pocos años, en crisis constitucionales, en intentos fallidos de gobernabilidad, en aspiraciones personales ideologizadas, en rupturas o alianzas a modo, o bien en proyectos, cuya realización es muy incierta. ¿Dónde quedaron, en muchísimos países, la dirección, los liderazgos, el compromiso de servir con visión y honestidad, el ejercicio responsable del poder, con un mínimo sentido ético? ¿A dónde fueron a parar los propósitos de conjuntar esfuerzos, de cooperar a nivel continental para saldar las enormes deudas de justicia social, de construcción de la paz y de impulso al desarrollo sustentable? Muchos esfuerzos y expectativas parecen haberse extraviado, luego de quedar alojadas en el discurso maniqueo de líderes redentores y en la disputa de los partidos políticos; después de haberse perdido en los estériles debates parlamentarios, en la confrontación entre poderes, en la desinformación prohijada por la propaganda y una creciente ineficacia gubernamental. Llegada la pandemia, y tras ella, sus impactos negativos multidimensionales, aquellos esfuerzos complejos y promesas enfrentaron aún más dificultades. Las expectativas zozobraron ante la exacerbación y acumulación de múltiples crisis.
Mientras que, para algunos, sobre todo entre las elites gobernantes, hay avances, que los dirigentes no se cansan de predicar, para las grandes mayorías en nuestras sociedades, en los hechos son incontables y crecientes los retrocesos, respecto del mercado laboral, la salud, la educación, la defensa de los derechos fundamentales. Al prolongarse la pandemia, continúan agravándose en la región las pérdidas económicas, los descalabros políticos, y la polarización social se ha hecho más profunda. En muchos países cunde la decepción entre amplios sectores de la población, quienes abrigaban la esperanza de ver realizados cambios históricos, de lograr modificar las tendencias y poder remontar las décadas perdidas pasadas, mediante logros constantes en el combate a la pobreza y la inclusión de las mujeres en el desarrollo.
Mientras que para millones de brasileños la rehabilitación y el posible regreso político de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores augura un anhelo de esperanza, para muchos otros, el temor se ahonda, ante la percepción de que el gran país sudamericano desvió, por desgracia, su ruta como potencia mundial a consecuencia del desastroso gobierno de Bolsonaro. En Venezuela, luego de 22 años del régimen que encabezara Hugo Chávez, la crisis humanitaria, política y económica, en extremo grave, continúa empeorando en forma dramática, con el empecinamiento de Nicolas Maduro, por increíble que ello nos pueda parecer, dado el aislamiento, la debacle social y la pertinaz destrucción de Venezuela. Hoy, el trágico éxodo de venezolanos solamente tiene parangón con el catastrófico éxodo de millones de sirios provocado por una guerra internacional. Con 6 millones de desplazados, la crisis migratoria venezolana es la más grande en la historia del hemisferio occidental. Luego de las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre y la incontenible violencia en contra de cualquier forma de oposición, más allá de Juan Guaidó y Leopoldo López, son evidentes las dificultades para alcanzar una salida política negociada, cada vez más remota. Estados Unidos con todo y Biden y la Unión Europea, no tienen la voluntad y la capacidad multilateral para modificar el curso de los acontecimientos en la crisis más grave para la región, dadas sus enormes repercusiones para América del Sur, para los países andinos y para el Caribe, empezando por Cuba. Colombia procederá felizmente a legalizar a cientos de miles de exilados venezolanos, pero no detendrá la hemorragia, mientras siga batallando, a su vez, para buscar poner fin a la violencia política generalizada que no cesa, a pesar de la firma de los acuerdos de paz, habiéndose ahondado las divisiones.
Perú podría verse de nuevo atrapado en interminables rupturas políticas, de cara a las elecciones de abril próximo, siendo una de las naciones más golpeadas por el COVID-19. En Bolivia, la reinstauración democrática de un gobierno mediante elecciones parece estar entrampada entre un distanciamiento con el expresidente Evo Morales, la necesidad de una llevar a cabo una auténtica renovación, y la obsesión de tantos gobiernos por realizar un ajuste de cuentas con sus predecesores y los poderes de facto, antes que lograr trazar verdaderos caminos de progreso hacia adelante. Luego de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, Ecuador marcha exorablemente en reversa, como si prosperar consistiera en volver atrás a consignas pasadas e ideales fallidos y entronizar a dirigentes indispensables en aras de revoluciones ciudadanas. En Guatemala, Honduras y Nicaragua el malestar social, la inestabilidad institucional y la contracción de sus economías se extienden, con gobernantes electos que han desatendido las legítimas demandas populares y persisten en hacer usufructo personal de las arcas nacionales. Por ello, cientos de miles, que han sufrido el azote de huracanes, la violencia de las pandillas y el flagelo de la pobreza y el hambre, emprenden la marcha hacia el norte con nuevas caravanas de migrantes. En febrero, 100 mil migrantes, mayoritariamente centroamericanos, fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en la frontera con México.
@JAlvarezFuentes
