En horas de la mañana fue llevada a la Fiscalía para la declaración informativa. (AP)
La detención de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, durante la madrugada del sábado tiene dividido al país entre los que ven esta situación como una persecución política y los oficialistas, del lado de las víctimas de la crisis de 2019 que forzó la renuncia de Evo Morales a la presidencia, que consideran que se está haciendo justicia.
Las autoridades bolivianas desplegaron un fuerte operativo, encabezado por el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo Del Carpio, que dio con la captura de Áñez en Trinidad, ciudad del departamento del Beni, y de inmediato fue trasladada a La Paz, a unos 500 kilómetros, en un avión de la Fuerza Aérea.
En horas de la mañana fue llevada a la Fiscalía para la declaración informativa en la que se acogió a su derecho al silencio al no ser tratada como expresidenta del país y por ende ser sometida a un juicio de responsabilidades.
Áñez (2019-2020) consideró que su detención obedece a un "amedrentamiento político" y que detrás de todo este proceso está el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales (2006-2019).
Sobre este asunto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó que se está "ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto no corresponde ningún juicio de privilegio constitucional".
Áñez y los exministros interinos Rodrigo Guzmán, de Energía, y Álvaro Coímbra, de Justicia, fueron detenidos en el marco del caso llamado "golpe de Estado" y se les acusa de "sedición y terrorismo" durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.
Fuentes cercanas al operativo dijeron que a la exmandataria interina se la halló en su casa escondida en una baulera (cuarto trastero).
En las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permanecen detenidos Áñez y sus exministros, donde algunos familiares y sus abogados esperan la notificación para la audiencia de medidas cautelares.
DENUNCIAN ABUSO
Carolina Rivera, hija de la expresidenta, dijo que lo que se ha hecho con su madre "es un abuso, una injusticia lo que hace el Gobierno del MAS, que es tan autoritario".
Rivera confirmó que Áñez se acogió al derecho al silencio en su declaración informativa y que se le está negando su derecho a ser tratada como exjefa del Estado.
Sobre la ausencia de varios líderes políticos y cívicos que acompañaron a Áñez cuando asumió la Presidencia transitoria, y que hoy no han hecho acto de presencia, se limitó a decir "que cuando las cosas se ponen difíciles las personas se alejan, pero ella va a salir adelante".
PIDEN JUSTICIA
En sentido contrario, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Zona Sur, Frida Conde, señaló a Efe que espera que Áñez "pague por todo lo que ha hecho y ahora le espera un proceso largo".
Conde confirmó que ese colectivo, integrado más o menos por unas 60 personas, hará en estos días varias actividades y vigilias en las sedes policiales y en la Fiscalía "para pedir justicia".
Los "autoconvocados" exigen justicia para los hechos registrados cinco días después de la renuncia de Morales a la Presidencia, cuando en la ciudad de Sacaba, del departamento de Cochabamba, hubo 10 muertos y varios heridos; mientras que en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, resultaron muertas otras 10 personas en los enfrentamientos con el Ejército y la Policía.
