Varios informes muestran de manera clara que hoy el panorama político, económico y social en América Latina y el Caribe es particularmente desalentador. Varios indicadores apuntan a que se han recrudecido las situaciones de crisis anteriores a la pandemia, agravando un estado de cosas, que ya era muy preocupante. Las protestas y las manifestaciones de insurgencia social en diversos países, registradas en los últimos años, van a resurgir con más fuerza y violencia, como consecuencia del hartazgo ante las actuales opciones políticas y la inestabilidad. Crece el rechazo entre amplios sectores de la población ante el manejo político de la pandemia, las dificultades en la obtención y disponibilidad de las vacunas, ante el acaparamiento y las fallas de planeación, coordinación y logística en las campañas de vacunación. Están resultando insuficientes o tardías las intervenciones de los gobiernos para hacer frente a la crisis económica, la pérdida masiva de empleos, la reducción de los ingresos familiares (hasta de un 42%), el cierre de millones de pequeñas y microempresas. Millones de personas, que sobreviven en la extendida economía informal, y quienes hasta hace poco tiempo abrigaban esperanzas para salir de la precariedad y la falta de ingresos, experimentan en carne propia graves retrocesos. Por el contrario, ahora están cayendo rápidamente en la pobreza extrema, al no poder pagar sus necesidades básicas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2020 la caída del PIB en la región fue del 7.7% y la pobreza alcanzó al 33.7% de la población total, esto es a 209 millones de personas de un total de 654 millones. América Latina registra además los índices más altos de mortalidad por el coronavirus, sólo detrás de Europa, con el 27.8% de las muertes, aun cuando en la región vive solamente el 8.4% de la población mundial.
En el Panorama Social de América Latina 2020 la CEPAL señala: "Los efectos de la pandemia se han extendido a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles. Por ello, es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región." De igual manera, se pronostica que habrá un retroceso de hasta 10 años en la participación laboral de las mujeres, por lo que resulta esencial adoptar e impulsar nuevas formas de protección social mediante un ingreso básico universal a fin de garantizar el bienestar de familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Como ahora se sabe, las medidas de distanciamiento social, las limitaciones de movilidad y las restricciones sanitarias han provocado mayor confinamiento y hacinamiento, afectando en forma desigual las actividades económicas, erosionando en mayor grado el comercio, el transporte, la cultura, los servicios, la recreación y el turismo.
El teletrabajo no es posible para todos los sectores y empresas, habiendo graves vulnerabilidades en las condiciones de trabajo, cuando existe una brecha brutal respecto de las cualificaciones laborales y el acceso a las telecomunicaciones. Estamos entonces ante un grave retroceso, al registrarse un empeoramiento de los índices de desigualdad, de las tasas de ocupación y de participación laboral de los jóvenes. La región debe prepararse ante la pérdida de millones de puestos de trabajo en el sector formal y el aumento de la informalidad de más del 60%. Las maneras de enfrentar los efectos e impactos negativos de la crisis agravada por el COVID-19 van a exigir, de manera prioritaria, fortalecer y formalizar los servicios de salud, de educación, de capacitación laboral y la inclusión digital.
Este sobrio panorama regional se verá reflejado, con todas sus diferencias, en los escenarios futuros de los distintos países. Es un espejo en el México no puede dejar de verse reflejado. Tanto en Brasil como en Argentina, la crisis política prolongada se manifiesta ya enmarcadas confrontaciones, dificultades económicas y sociales. Ambas tienen el mayor nivel de deuda de la región (cerca del 100% del PIB) y un déficit público creciente. Los gobernadores de 16 estados brasileños, de un total de 27, incluso algunos aliados políticos, acusan al presidente Bolsonaro de estar engañando al país en medio de una pésima gestión de la pandemia: "parece priorizar la creación de conflictos, la construcción de imágenes maniqueas y de debilitamiento de la cooperación federal, esencial para los intereses de la población". El presidente Fernández, cuyo gobierno necesita urgentemente renegociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, demanda se investigue a su predecesor, a quien acusa de haber hipotecado al país, mientras impulsa una iniciativa legislativa preferente para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, habiendo una fuga de capitales. A mitad del mandato, en octubre, habrá elecciones legislativas argentinas. A pesar de un mejor desempeño económico y una gestión eficaz de la pandemia y la vacunación, en Chile es incierto el alcance y destino de las reformas prometidas y el sentido del voto popular, tanto en las presidenciales de noviembre, como en las elecciones para la convención constituyente, en abril, estando el bloque opositor de centroizquierda dividido. En Centroamérica donde 8 millones padecen hambre, el presidente Bukele acaba de obtener un poder omnímodo en las elecciones en El Salvador.
@JAlvarezFuentes
