La tensión del drama griego se pasea entre nosotros. Conocemos el final de la historia, pero no hay forma de detener a los personajes que construyen el curso trágico. Esta semana el gobierno mexicano cometerá otro gravísimo error. Lo pagaremos por décadas.
La caricatura del "neoliberalismo" olvida porque el mundo dio ese viraje. No fue gratuito. Se volvió a los orígenes de la actividad estatal. La idea de fortaleza gubernamental se deformó al vincularla a la propiedad. En esa obsesión muchos países, incluido México, perdieron el rumbo de las verdaderas funciones del estado. Un estado eficiente es el que brinda a sus ciudadanos seguridad, servicios médicos por donde sea, garantías de apego a la ley y condiciones certeras para la actividad económica. Los seres humanos deben ser el eje de las acciones gubernamentales. Eso se había perdido. Los gobiernos, en su infinito afán por poseer, se convirtieron en empresarios de todo tipo, la mayoría de los casos en pésimos empresarios.
Thatcher y Reagan fueron la punta de lanza: adelgazar al estado propietario e invertir en la gente. México estaba atrapado en el estado propietario con dos grandes monstruos que drenaban el erario. Claro, las finanzas públicas eran un desastre: déficits y endeudamiento reiterados. Menos dinero para escuelas y hospitales y cada vez más para dos entidades ahorcadas por sus gremios. Se diga lo que se diga desde el pódium presidencial, durante treinta y seis años, con gobiernos del PRI y de PAN, los indicadores sociales mejoraron, la pobreza extrema disminuyó, allí están los datos, con el Seguro Popular los servicios médicos se ampliaron a alrededor de 20 millones de mexicanos. Las inversiones privadas, incluido el energético, aliviaron las necesidades del estado. Las finanzas y la inflación se estabilizaron. El mundo comenzó a confiar en México. El país crecía, poco, pero crecía.
Pero ya regresamos al horror de la obsesión propietaria. Corte al 2021, la pandemia es responsable de una parte, pero no de otra. El 44.5% de la población no ingresa lo suficiente para comprar la canasta básica. Los trabajadores han retirado más de 20 000 mdp de las AFORES. La inversión privada se desplomó más de 33%. La Inversión Extranjera Directa cayó casi 12% y de allí alrededor del 60% son reinversión de utilidades, la nueva inversión es muy pequeña. En estado de derecho -de acuerdo a World Justice Proyect- caímos 24 sitiales. El Indicador Oportuno del Inegi muestra una caída económica del 4.4% en enero. Pemex arrastra un retraso del 55% en la recuperación de sus campos. Su producción está en el mínimo de 41 años. En dos años la empresa perdió 1.2 billones, el equivalente a 10 aeropuertos de Santa Lucía, 7 trenes mayas; tres millones de tratamientos de cáncer de mama, 1 200 hospitales de alta especialidad o 12 mil millones de dosis de vacunas, somos 126 millones.
A las empresas productivas del estado (PEMEX Y CFE) se les invertirá este año 1,133,301 mdp. Al criticado -por "costoso"- Poder Judicial 71,299, o sea 16 veces menos. No sería más prudente garantizar la impartición de justicia, pilar de la certeza para ciudadanos e inversionistas, que gastar en fierros mal administrados. Las vilipendiadas entidades autónomas, todas en conjunto, recibirán menos de 60 000 mdp. o sea 19 veces menos que las dos empresas. Los programas sociales adultos mayores y sembrando vida se llevarán 164 000 mdp, siete veces menos que las empresas.
Al aprobarse en el Senado la reforma a la Industria Eléctrica se violentarán múltiples normas, contratos y convenios. La segunda mitad del sexenio estará manchada por esta irresponsabilidad presupuestaria, jurídica y medio ambiental. Al igual que con el NAICM, México mostrará que el capricho estatista gobierna, que la vida de los mexicanos no es la prioridad del gobierno. Comparados con esta atrocidad los "neoliberales" eran humanistas.
En horas cruzará el Senado, nos arrepentiremos durante décadas.
