La UIF ejecutó el bloqueo de cuentas bancarias e investiga los movimientos financieros.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que derivado de las constantes denuncias por fraude de venta de oxígeno y vacunas contra el COVID-19, ejecutó el bloqueo de cuentas bancarias e investiga los movimientos financieros de quienes ofertan estos servicios.
Precisó que para ello implementó un monitoreo permanente sobre los reportes que hagan referencia a fraudes por la venta de vacunas contra el COVID-19 y la comercialización del oxígeno medicinal.
Al analizar los reportes inusuales con operaciones relacionadas a la comercialización de tanques de oxígeno, identificó tres en los que se hace mención de cuatro sujetos que utilizan instrumentos bancarios para ejecutar la conducta ilícita.
Por ello, bloqueó las cuentas bancarias relacionadas a estos sujetos, señalados por cometer fraude con la venta de oxígeno.
A través de un comunicado, la UIF precisó que estas empresas que han sido reportadas no venden oxígeno ni vacunas, sino que se dedican a engañar a las personas a través de la supuesta venta de estos productos.
SE AMPARA Y RETA A UIF
El rumano Florian Tudor, investigado como líder de una mafia dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en las zonas turísticas de Quintana Roo, retó a la UIF y a su titular, Santiago Nieto, a probar las acusaciones en su contra.
En una carta que publicó en sus redes sociales, aseguró que las acusaciones son un montaje político electoral para atacar a empresarios, políticos y ex funcionarios de Quintana Roo, y perjudicar a la alianza entre Morena y el PVEM.
Dijo que a la fecha no ha sido notificado por ninguna autoridad que se le hayan congelado las cuentas, ni que sea perseguido por el FBI o la Interpol.
También dijo que no conoce al diputado local por el Verde José de la Peña Ruiz Chávez ni a Ricardo Vega Serrador, "El Zar de la gasolina", quienes figuraron en las listas de la UIF como personas vinculadas con la mafia rumana.
La UIF informó el 4 de febrero que le fueron bloqueadas cuentas a 79 personas físicas y morales, pertenecientes a una mafia rumana asentada en Quintana Roo y vinculada con el hackeo o clonación de tarjetas bancarias.
