No es lo que se esperaría de un gobierno de izquierda y mucho menos de uno liberal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que dará a las fuerzas armadas el control de los tramos del tren Maya de Tulum a Palenque, así como los aeropuertos de Santa Lucía, Chetumal, Palenque y Tulum. Las utilidades, si las hay, no pasarían a las arcas del Estado mexicano, como establece la ley para las paraestatales, sino a los sistemas de pensión de los militares. Si China y otros países autoritarios han tratado de impulsar un "capitalismo de Estado", la Cuarta Transformación ofrece en cambio un "capitalismo militar".
El presidente afirma que esta medida es necesaria "porque tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla y qué mejor que dejársela a las fuerzas armadas y que tenga como propósito el financiar las pensiones de marinos y soldados". Según el presidente, "el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las fuerzas armadas es que debemos garantizar la seguridad en la región".
No parece lógica, sin embargo, la afirmación de que dar el control de empresas de transporte a mandos militares mejorará la seguridad en algún lugar de la república. La responsabilidad fundamental de las fuerzas armadas en cualquier país es cuidar la seguridad nacional, la cual es distinta de la seguridad pública, que debe ser garantizada por las policías preventivas. Dar a los soldados y marinos tareas de construcción y administración de infraestructura no hará más que distraerlos de su función esencial. Por eso en los países democráticos no se les encargan estas responsabilidades.
El problema es que el gobierno de México no quiere inspirarse en la experiencia de los países democráticos, sino en los autoritarios. China es ejemplo de un país en el que las fuerzas armadas tienen control o injerencia en empresas, aunque su gobierno lo niega o busca ocultarlo porque entiende que no es correcto. Washington ha creado una lista de decenas de empresas chinas que asegura tienen vínculos con las fuerzas armadas, como Huawei Technologies Co., China National Offshore Oil Corp., Semiconductor Manufacturing International Corp. y China Construction Technology Co., entre muchas más. Algunas, como Huawei, lo han negado con vehemencia, en parte porque son claramente propiedad privada, pero también porque quieren evitar sanciones.
El gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela ha entregado abiertamente empresas a sus militares. Los generales controlan ya petroleras, constructoras, productoras agrícolas, aseguradoras, bancos, distribuidoras de alimentos y de vehículos. Entre 2013 y 2017 se crearon 14 nuevas compañías militares, las cuales se sumaron a otras ya existentes para dar un total de 20. Al contrario de quienes afirmaban que este control militar garantizaría la honestidad, las empresas militares se han administrado con opacidad; su corrupción ha sido denunciada dentro y fuera del país.
Militarizar empresas para evitar que se privaticen es una decisión carente de lógica. La militarización, de hecho, es una privatización. Por otra parte, pensar que las futuras utilidades se emplearán para financiar las pensiones de los militares abre una contraparte muy peligrosa: si las empresas tienen pérdidas, ¿se quedarán sin pensiones los militares?
En una democracia liberal, los militares deben velar por la seguridad nacional y nada más. Convertirlos en empresarios es una decisión miope, que lamentaremos tarde o temprano.
DELFINA
No sé si Delfina Gómez será una buena secretaria de educación pública, pero, en contraste con otros nombramientos de la 4t, por lo menos conoce su campo de acción. Antes de ser política fue maestra de primaria; tiene una licenciatura y dos maestrías en educación.
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