La noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido postergar la iniciativa de ley para regular de manera más estricta el outsourcing por lo menos al mes de febrero es un bálsamo que da respiro a cientos de empresas que han encontrado en este esquema una vía para poder ser más competitivas en el mundo de la libre competencia.
Las regulaciones existentes en el mercado laboral formal tienen como una de sus características encarecer sustancialmente la generación de fuentes de trabajo en este campo y otorgan a la economía y empleo informal un gran aliciente para permanecer allí, y con esto impedir a la larga que todo trabajador ingrese a la órbita de la economía regular.
En medio de una desaceleración económica iniciada desde 2019 y profundizada debido a la terrible pandemia del COVID, la propuesta de normar una práctica como lo es el propio outsourcing está llegando en el peor momento.
Con la actividad económica desplomada, el impedir desde el marco jurídico la utilización de esta hasta ahora mayormente legal (por supuesto que hay sus asegunes) podría ser la puntilla que termine de siniestrar muchas organizaciones que llevarían a la quiebra a los empresarios, pero dejaría a muchos más sin trabajo al extinguirse la fuente de empleo, lo cual resultaría catastrófico, particularmente en estos momentos.
Se pudiera pensar que la iniciativa, por ahora congelada, es una andanada más del actual Gobierno en contra de la iniciativa privada. Si se hubiese ya aprobado, claramente, si no llevar a la ruina o a los números rojos a la compañías, por supuesto que significaría un aumento en los costos para las empresas y por lo tanto una caída en el margen de utilidad de las mismas, redundando, claro, en menores utilidades y, con ello, evidentemente en dividendos más cortos para los accionistas. Parecía entonces que se consumaba una vez más el supuesto de que este Gobierno, con su bandera de "primero los pobres", estaría realizando una acción que impediría que los empleadores "roben" a los empleados lo que a derecho les pertenecería.
Sin embargo, el tema es mucho más complejo. Empezando con el prejuicio de que el tener trabajadores en outsourcing es un fraude para el trabajador no es del todo cierto. Si quien se va a contratar conoce de antemano y con detalle las condiciones en que se le está ofreciendo su contrato laboral, claro que no hay trampa alguna entre patrón-trabajador en primera instancia.
El punto radica en que las relaciones laborales están reguladas desde una concepción social y no privada entre las personas. Esto quiere decir que en el caso de México el Estado se reserva para sí las normas que deben aplicarse en el campo laboral y sobrepone su soberanía sobre el mundo de los individuos.
Así es como nace la obligación de todo aquel que contrate a alguien desde el punto de vista laboral; está obligado a, además de remunerarlo directamente, cubrirle sus prestaciones sociales como el Seguro Social y el Infonavit, y también a retenerle sus impuestos; y de esto poco se habla.
Así, con estas circunstancias es menester establecer que, claro, bajo el outsourcing, se han encargado de darle vuelta a la esencia de la ley para ser competitivos, a veces por supuesto de los trabajadores.
¿Pero qué pasa con toda la economía informal? ¿Ellos no tendrán que colaborar? Por supuesto que la decisión de AMLO es inteligente, pero si quiere ser justo, no es suficiente postergar su reforma. Tendrá que ir más profundo, y ahí nos veremos muchos, a ver si es verdad que va por la justicia el presidente, o solo por una revancha más.
