Uno de los peores males de nuestro país es que los políticos que hacen las leyes no tienen ningún conocimiento sobre lo que legislan. Lo hemos visto ahora en la propuesta para poner un tope a las comisiones de las Afores. Tras un apresurado paso por comisiones, la iniciativa se subió ayer al pleno en Diputados, donde fue aprobada ya en lo general. Será ahora sometida al Senado.
La reforma a las pensiones era indispensable. El sector empresarial ha hecho el sacrificio de asumir el costo de elevar gradualmente la aportación para el ahorro del trabajador del 6 al 15 por ciento del salario. El tope a las comisiones que se ha añadido a la iniciativa, sin embargo, puede tener consecuencias muy negativas.
Quizá el simple hecho de que el Gobierno no está confiscando las pensiones, como hizo Cristina Fernández en Argentina, es un avance. Había voces en la Cuarta Transformación que pedían que el Gobierno tomara precisamente estos ahorros de los trabajadores para financiar el gasto público. Hay que reconocer al presidente que se resistió a esta medida, que habría destruido un ahorro acumulado equivalente al 16 por ciento del producto interno bruto.
Pero el que no se haya avanzado al precipicio no significa que haya que aplaudir los errores de la iniciativa. El más importante es imponer un control de precios. Esta medida no estaba en la propuesta original sobre pensiones que surgió de un acuerdo entre el sector privado y el presidente, y en el que solo se hacía un exhorto a las Afores para reducir comisiones.
Todo control de precios es dañino porque lleva, en el mejor de los casos, a una reducción de la oferta o la calidad de los productos o servicios; en el peor, genera mercados negros. Esta es una realidad de la economía que ninguna legislación puede evitar.
En la actualidad operan en México nueve Afores, de las cuales dos tienen participación del Estado mexicano. Si bien las comisiones de nuestro sistema de pensiones han sido relativamente altas en comparación con las de otros países con modelos más maduros, han venido bajando de manera gradual por la competencia y la ampliación del mercado. Las comisiones no han sido el problema de nuestro sistema, sino el bajo nivel de aportación para los fondos de ahorro, que la nueva ley ya resuelve, y la baja en las tasas de interés, que ha afectado a todos los ahorradores del mundo.
Si todo control de precios es dañino, el que los diputados escogieron para aplicar a las Afores no tiene ni pies ni cabeza. Plantea que los topes de las comisiones se definirán por los promedios que se registren en Estados Unidos, Chile y Colombia, países cuyas condiciones de mercados son muy diferentes a las nuestras. Definir un control de precios sobre la base de un promedio de los niveles de otros tres países, elegidos discrecionalmente, es irracional.
El tope de las comisiones puede volver insolventes a tres de las nueve Afores que hoy tenemos. Las que sobrevivan probablemente absorberán a las que quiebren o dejen de ser rentables, lo cual generaría una mayor concentración de mercado y peores condiciones para los usuarios. Para compensar las menores comisiones, las operadoras tendrían, por otra parte, que reducir la calidad de los servicios.
El papel del Gobierno debe ser el de asegurar una saludable competencia en el mercado, supervisar la prudente operación de los fondos y asegurar que haya suficiente información para que los ahorradores tomen decisiones. De ninguna manera la autoridad debe controlar precios.
POSPONEN
Ayer se firmó un acuerdo para posponer la aprobación de la nueva ley sobre la subcontratación laboral. Es un alivio. La prohibición destruiría cientos de miles o millones de empleos. Además, volvería menos competitivas a las empresas mexicanas.
Twitter: @SergioSarmiento
