También se incluyó un apartado para respetar los derechos laborales de los trabajadores universitarios.
Por unanimidad, el Senado aprobó ayer la creación de la Ley General de Educación Superior, que establece la gratuidad de la educación de nivel universitario, de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto; el respeto a la autonomía de las instituciones que ya la tengan y la necesidad de consultar a sus comunidades para hacer cambios en sus legislaciones, además de incorporar a las Escuelas Normales Rurales a este nivel educativo.
También se incluyó un apartado para respetar los derechos laborales de los trabajadores universitarios y la obligación de que las instituciones privadas otorguen becas a cuando menos 5% de los estudiantes.
Entre críticas y señalamientos sobre la necesidad de garantizar presupuesto y financiamiento suficiente para las universidades, los legisladores establecieron la gratuidad de manera gradual de la educación superior con el objetivo de que se puedan ir eliminando los cobros de cuotas escolares.
Se determinó que la educación superior será gratuita, pero de manera gradual, luego de una discusión en torno a que los recursos que tiene el Estado no son suficientes para garantizar esto y más aún con la situación de la pandemia por COVID-19, por lo que para 2021 no se podrá destinar un presupuesto específico para que se cumpliera con esta obligatoriedad.
La ley también aborda regulaciones a las instituciones privadas, lo que quiere decir que estarán obligadas a becar a cuando menos 5% del total de sus estudiantes inscritos.
REGULAN EN FAST TRACK A AGENTES EXTRANJEROS
El Senado aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional con la que limita la presencia de agentes extranjeros, como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
Con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, los senadores avalaron la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que acotará las operaciones de todos los agentes extranjeros de seguridad, pero con repercusiones particulares para los de Estados Unidos.
La reforma establece la obligación de los agentes extranjeros de "poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones" ante "las autoridades correspondientes".
También elimina la "inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones".
Asimismo, define por primera vez qué es un agente extranjero, establece un marco regulatorio y estipula que deben solicitar autorización para internarse en territorio mexicano.
Además, se limita "únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas".
