La cancillería mexicana afirma tener la brújula apuntando al sur. ¿Será que se está leyendo con atención lo que viene ocurriendo en Colombia, habiendo quedado acéfala la representación diplomática mexicana al concluir, abruptamente, la misión de la historiadora Patricia Galeana como embajadora, tras unos cuantos meses? Es fundamental prestarle atención a la región, si se trata de comprender, por cuenta propia, las implicaciones existentes cuando se acumulan distintas formas de violencia y múltiples promesas políticas incumplidas, dando paso a recurrentes estallidos de indignación popular en las calles y luego, la decepción en las urnas. El descontento social en Colombia ha ido en aumento desde finales del año pasado y el país vive la peor ola de violencia desde la firma del acuerdo de paz, en 2016, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Acuerdo que puso fin a 52 años de guerra y violencia. En las últimas semanas, excombatientes, líderes sociales, indígenas, activistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, miembros de organizaciones sociales y sindicales han marchado en Bogotá y en las principales ciudades colombianas para protestar y exigir respuestas prontas y eficaces del gobierno del presidente Iván Duque. Las demandas incluyen el otorgamiento de tierras para la reincorporación pacífica, sin armas y la plena reinserción a la vida civil de los exguerrilleros, el otorgamiento de garantías de seguridad ante las amenazas y el hostigamiento de grupos armados vinculados a paramilitares de ultraderecha y narcotraficantes; en suma, la implementación integral del acuerdo. También el cese de la creciente brutalidad policiaca y el fin de los asesinatos colectivos. En lo que va del año, según Indepaz, más de 294 líderes sociales y ciudadanos, han sido asesinados o ejecutadas por esos grupos. Todo lo anterior, en medio de un rebrote en la propagación de contagios, después de meses de encierro y parálisis económica. Colombia supera ya un millón 300 mil contagios y registra cerca de 37 mil muertos. Las movilizaciones populares comienzan a centrarse en la demanda de una renta básica para los trabajadores que perdieron sus empleos por la pandemia, la adecuada financiación y eficacia del sistema de salud, junto con un plan para apoyar la educación y acabar de raíz con los feminicidios y el vandalismo callejero.
Sigue también abierta para la sociedad colombiana, la trágica herida de los miles de desaparecidos por razones políticas, sociales y económicas. Como señalaba recientemente el representante especial del Secretario General de la ONU, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, América Latina y el Caribe (incluido México) tienen mucho que aprender del proceso colombiano. La fractura solo se puede resolver con la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, conociendo y compartiendo la verdad de lo que pasó, única manera de sanar y cicatrizar las heridas y, entonces, sólo entonces, poder reconstruir y unir el tejido social, en los planos local y nacional. Con un sistema de justicia que tenga además como eje rector construir la paz, haciendo justicia. La transición de un régimen político no es una única garantía que permite consolidar una rápida normalidad democrática; se requiere de la ardua institucionalidad legal, comunitaria y funcional. Ahora bien, cada país debe debatir, encontrar y decidir sobre los mecanismos que deben adoptarse para encontrar salidas hacia adelante.
Colombia vive, también, en carne propia, la tragedia de Venezuela. En los últimos días miles de refugiados venezolanos varados en Colombia, por el cierre de fronteras decretado desde marzo, intentan desesperadamente retornar, incluso por la fuerza a su país, muchos buscando asentarse en alguno de los corredores humanitarios, habiendo proliferado los cruces ilegales y los contagios. Cerca de 2 millones de venezolanos migraron a Colombia desde 2015 orillados por la profunda crisis económica, la escasez y la hiperinflación. Venezuela rompió relaciones con Colombia en febrero de 2019, lo que ha traído innumerables dificultades a miles de personas que se abastecen, estudian o trabajan en el otro país.
Pareciera que para la mayoría de los países de América Latina llegó "la mala hora", parafraseando la novela de Gabriel García Márquez, al verse atrapada por tensiones políticas y socioeconómicas, ante la desolación de decenas de miles de enfermos y muertos por el coronavirus, el incremento de la inseguridad criminal, la militarización y el narcotráfico, habiendo una incapacidad crónica de crecer. La CEPAL ha prendido, desde hace meses, las alarmas, ante el desplome y contracción de la economía, que hará que la desigualdad se ahonde y millones pasen a engrosar las filas de la pobreza, cuando la región se acerca rápidamente a los 9 millones de casos de coronavirus. Menos del 30% de los estudiantes latinoamericanos tienen acceso a una computadora en el hogar y es, precisamente en la educación, donde radica la clave fundamental para obtener empleos formales, habiendo notorias desigualdades en materia de conectividad, acentuándose la exclusión educativa y la informalidad. En la región, 2. 7 millones de pequeñas empresas han debido cerrar, con la consecuente pérdida de 8.5 millones de empleos. Una de las máximas urgencias radica en hacer grandes inversiones en el área digital, única manera de cerrar las brechas, lograr la inclusión financiera y revertir la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es igualmente urgente trazar una ruta para recuperar los empleos y retomar la agenda de la integración, potenciando las cadenas regionales de valor y fortaleciendo el comercio intrarregional. Será la única manera de asegurar el futuro de los jóvenes.
@JAlvarezFuentes
