La Corte Suprema de Brasil dejó sin efecto este lunes las medidas anunciadas en septiembre por el Gobierno de Jair Bolsonaro para flexibilizar las normas que garantizan la preservación de los manglares y de las dunas en el litoral del país. (ARCHIVO)
La Corte Suprema de Brasil dejó sin efecto este lunes las medidas anunciadas en septiembre por el Gobierno de Jair Bolsonaro para flexibilizar las normas que garantizan la preservación de los manglares y de las dunas en el litoral del país.
El pleno de la máxima corte brasileña, en una decisión por unanimidad de sus once miembros, ratificó una cautelar que ya había sido concedida en octubre por la magistrada Rosa Weber para suspender los efectos de las medidas que dejaron desprotegidos los manglares y las dunas.
La ahora revocada medida del Gobierno de Bolsonaro, cuya política ambiental ha ganado duras críticas tanto dentro como y fuera de Brasil, permitía a los gobierno regionales y municipales conceder licencias para la construcción de hoteles y de otros proyectos en los dos delicados sistemas ambientales.
La polémica medida fue adoptada por el Consejo Nacional de Medioambiente de Brasil (Conama), dependiente del Ministerio de Medioambiente, luego de que el Gobierno modificara la composición de este organismo para excluir del mismo a representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales.
La iniciativa que permitía la explotación y la especulación inmobiliaria en manglares y dunas fue impulsada directamente por el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, un funcionario muy criticado por las organizaciones no gubernamentales por su falta de compromiso con la defensa de la naturaleza.
De acuerdo con Weber, que fue la instructora en el proceso del Supremo Tribunal Federal (STF) y cuyo voto fue seguido por los demás miembros, la revocación de las normas de protección, "sin que fueran previamente sustituidas o actualizadas, compromete el cumplimiento de la legislación y el respeto de compromisos internacionales asumidos por Brasil".
Los miembros de la Corte Suprema también coincidieron en que las medidas de flexibilización violan principios básicos de la Constitución, ya que omiten la protección adecuada y suficiente al derecho fundamental al medioambiente equilibrado.
De acuerdo con la sentencia emitida por la máxima corte, las medidas que el Gobierno pretendía poner en marcha amenazan la seguridad hídrica de parte de la población y generan riesgos como el agravamiento de la deforestación en áreas legalmente protegidas.
"El Estado brasileño tiene la obligación, impuesta tanto por la Constitución como por tratados internacionales del que es suscriptor, de garantizar una política pública eficiente en la defensa y la preservación del medio ambiente, así como de preservar y restaurar procesos ecológicos esenciales", dice la sentencia.
La política ambiental del líder ultraderechista ha sido motivo de críticas tanto de organizaciones no gubernamentales como de algunos gobiernos europeos, que acusan al presidente de incentivar la destrucción de ecosistemas como la Amazonía y el Pantanal con su retórica antiecologista.
Bolsonaro, que defiende la explotación económica de la Amazonía y se opone a la creación de nuevas reservas indígenas y ambientales, ha desmotando los órganos responsables de fiscalizar la deforestación e impulsado una política que permite a los agricultores aumentar sus áreas de cultivo.
Desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019, los índices de deforestación y los incendios se han disparado en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta, y en el Pantanal, el humedal más grande del mundo que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay.
El aumento de la destrucción de la Amazonía ha llevado a algunos países europeos a amenazar con no ratificar el acuerdo de libre comercio firmado el año pasado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Igualmente ha provocado la reacción de millonarios fondos internacionales y grandes empresas privadas que han advertido al Gobierno de un descenso dramático en las inversiones al país, si no hay compromiso real de protección del medioambiente.
