La Audiencia Nacional de España confirmó hoy en un auto judicial la extradición a México del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, preso en una cárcel de Palma de Mallorca. (ARCHIVO)
La Justicia española ha confirmado la extradición del empresario mexicano Alonso Ancira, conocido en su país como el "rey del acero", a México, donde está reclamado por delitos de corrupción y blanqueo.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) rechazó por unanimidad el recurso de súplica que presentó Ancira, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, contra el auto que acordaba su extradición a ese país.
La decisión judicial, que se ha conocido hoy y contra la que ya no cabe recurso, respalda la entrega de Ancira al considerar que los hechos por los que se le persigue en México también son delito en España y concurre, por ello, el principio de doble incriminación.
Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, fue detenido el 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca (islas mediterráneas de Baleares) en cumplimiento de una orden de detención emitida por México, pero el empresario se negó a ser entregado.
Entró en prisión al día siguiente por orden del magistrado de la AN Santiago Pedraz y en julio pagó una fianza de un millón de euros para abandonar la cárcel.
COHECHO Y BLANQUEO DE CAPITALES
La justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México a la empresa Tochos Holding, vinculada al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya por un importe de 3.4 millones de dólares.
La investigación comenzó por una denuncia de Pemex relacionada con un supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de una planta de fertilizantes en 2013 a esta empresa.
El auto judicial argumenta que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, "pagando por adelantado" para que cuando éste fuera director general de Pemex se procediera a la "adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos".
Los hechos investigados encajarían en España en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, "refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación".
El tribunal descarta que los hechos hayan prescrito y la persecución política que alegaba la defensa de Ancira.
