La máxima cúpula empresarial aseguró que en 2019 se alcanzó el consenso con las fuerzas políticas del país del Senado de trabajar en una regulación que evite el abuso. (ARCHIVO)
La iniciativa en materia de subcontratación que Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados sorprendió al sector empresarial porque el presidente se había comprometido a consultar a la iniciativa privada antes de elaborar el proyecto.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) evaluó que la propuesta pone en riesgo miles de empleos y desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo.
"Establecimos un diálogo directo con las autoridades correspondientes, que asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en la futura iniciativa. Este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada y no respeta el consenso alcanzado en el Senado", afirmó el CCE, que preside Carlos Salazar.
Al eliminar el outsourcing, pronosticó, se agravará la frágil situación económica de México por el escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de COVID-19, y golpeará severamente a los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico y minero.
En su comunicado, la máxima cúpula empresarial aseguró que en 2019 se alcanzó el consenso con las fuerzas políticas del país del Senado de trabajar en una regulación que evite el abuso, pero que conserve las fuentes de trabajo.
A unas horas de que el presidente López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, anunciaron que enviarán la iniciativa sobre subcontratación a la Cámara de Diputados, el CCE pidió a los legisladores "establecer un nuevo proceso de parlamento abierto en el que el sector privado pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa", para hacer las adecuaciones pertinentes.
Aprobar la iniciativa presidencial, destacó, generará obstáculos en materia laboral en lugar de opciones para fortalecer la economía.
"Estamos de acuerdo en que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse. Sin embargo, una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente a efectos nocivos en la economía: no solo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal", afirmó.
