Esta mañana se reveló por medio de Reforma el presunto contenido de la orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso, quien se desempeñó como secretario de Hacienda de 2012 a 2016 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. (Especial)
Esta mañana se reveló por medio de Reforma el presunto contenido de la orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso, quien se desempeñó como secretario de Hacienda de 2012 a 2016 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a los documentos, la Fiscalía General de la República acusa al expresidente EPN de los delitos de cohecho y traición a la patria, además de contar con su propio aparato de poder criminal.
Enrique Peña Nieto, quien estuvo en el máximo cargo público de México del 1 de diciembre del 2012 al 30 noviembre del 2018, habría sido el autor intelectual de los delitos de los que son acusados Videgaray y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.
La FGR considera que el exmandatario del PRI habría utilizado como instrumentos a los dos funcionarios para distribuir a través de 'interpósitas personas' más de 121 millones 500 mil pesos a legisladores y conseguir la aprobación de la Reforma Energética a finales de 2013.
Entre los personajes que se encuentran en la lista de beneficiados están los legisladores panistas Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, el priista David Penchyna y el entonces dirigente del PAN, Ricardo Anaya.
"ENRIQUE PEÑA NIETO jugó un papel central en la comisión de los delitos de Cohecho, Traición a la Patria y Delito Electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales. Él [...] contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética", se menciona en el documento.
El delito de traición a la patria se argumenta bajo las llamadas 'reformas estructurales', con las cuales se benefició a empresas extranjeras (Odebrecht), comprometiendo los recursos naturales del país para aprovecharlos y explotarlos aunque son propiedad de la Nación.
"(Peña) tuvo un poder de mando y dirección sobre sus allegados en el gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas, las cuales estaban obligadas a cumplirlas", agrega la FGR.
