Asegura que existen pruebas de los delitos, pero las investigaciones no avanzan y no se obra conforme a derecho.
Mónica exigió a la fiscalía estatal y a las autoridades de Durango judicialicen las carpetas de investigación por los delitos de abuso sexual y violación que se cometieron presuntamente en contra de sus dos hijas, de 5 y 4 años, pues, aseguró, existen pruebas de los delitos, pero las investigaciones no avanzan y no se obra conforme a derecho.
La mujer, quien tiene pruebas de valoraciones psicológicas y médicas de los presuntos abusos sexuales y violación de una de sus hijas, pidió justicia y que no se detenga el proceso, sino que se tomen las determinaciones necesarias para proteger a sus niñas.
Desde finales de enero pasado y principios de febrero, Mónica comenzó a observar cambios en el comportamiento de sus hijas: trastornos de ansiedad, de sueño, alimenticios, se mordían las uñas; la más grande comenzó con insomnio y, en general, tuvo retroceso en su desarrollo evolutivo. Además de que las niñas tenían miedo de que su mamá muriera.
Los cambios iniciaron desde que Mónica se divorció de su esposo Mauricio "NN".
La madre de familia había denunciado el año pasado al padre de sus hijas por sustracción de menores, al tiempo que el juez concedió la custodia provisional de las niñas al padre en solo 48 horas. Se usaron declaraciones falsas y se acusó a la madre de violentar a sus hijas.
Después de solo ver a sus hijas en dos ocasiones y de manera supervisada, se vio orillada a firmar un acuerdo ante notario en el que renunció a la casa, manutención y a que sus hijas estuvieran cuatro días con ella y cuatro con el padre.
Ya con la disolución del matrimonio y la custodia compartida, Mónica empezó a llevar a sus hijas a terapia por las situaciones que observaba en ellas.
"Cada que tenían que regresar con su papá les dolía la panza, la cabeza. No querían desayunar".
El 17 de abril pasado presentó una denuncia de abuso sexual infantil contra quien resultara responsable, asentado en la carpeta 10454/2020 en el Centro de Justicia de la Defensa para Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Durango.
A raíz de la denuncia hicieron a las niñas una valoración por parte de la psicóloga adscrita al Ministerio Público.
Terminada la valoración, la especialista le informó que estaba alarmada y preocupada, pero que por las edades tenía que canalizarlas al departamento de psicología del DIF y que pasaría el informe al MP, pero reconoció que había un hecho de carácter sexual.
Sin embargo, en el DIF, la psicóloga le sugirió que se reconciliara con el papá. Además, le aseguró que no existía ningún peritaje de la psicóloga adscrita al MP. Nunca le entregaron un informe del DIF.
PERITAJE INDICA ABUSO
Mónica mencionó que sus hijas se fueron de vacaciones con el padre y en ese tiempo Mónica recibió el peritaje que señalaba que sus hijas habían sido víctimas de abuso sexual infantil. "Fue un momento muy duro. Estaban con su papá, donde sucedían estas cosas", recordó.
El 11 de agosto presentó una segunda denuncia, 5356/2020, donde solicitó una valoración médica ginecológica.
El caso fue canalizado al Hospital Materno Infantil para estudios y en un interrogatorio.
Con la valoración médica, el 13 de agosto, la fiscalía otorgó medidas de protección para las niñas y la madre por 90 días y con esa medida acudió con el Juez de lo Familiar para que le otorgara una custodia provisional.
La mujer refirió que el juez solicitó copia certificada de las denuncias, pero al 28 de octubre no las ha recibido. "Las tienen custodiadas las denuncias. No puedo acceder a ellas", reclamó. En la denuncia de presunta violación de su hija menor se señala al padre como posible responsable.
Por lo pronto, la madre busca promover la renovación de las medidas de protección para ella y sus hijas, las cuales están por concluir el 11 de noviembre, pues comentó que teme por su vida y la de sus hijas. Aseguró que ha sido víctima de monitoreo y persecución de vehículos.
