Como en otros ámbitos, Trump y su administración arremetieron mediante abusos, injusticias y arbitrariedades en contra de la migración internacional, con consecuencias funestas. Si pierde y ganan los demócratas la mayoría en el Congreso cabría vislumbrar algunos cambios. Demasiadas y trágicas han sido las tropelías: cierre parcial de las fronteras, dificultades de gestión y operación de entradas y cruces fronterizos; rechazo de migrantes y devolución de decenas de miles de solicitantes de asilo; criminalización de los flujos migratorios y estigmatización de los migrantes (particularmente los provenientes de países musulmanes); detención prolongada y separación ilegal de familias y menores migrantes; asedio contra los inmigrantes en las denominadas ciudades santuario; presiones y amagos a países vecinos; rechazo de las caravanas de migrantes centroamericanos; amenazas para imponer aranceles, si México no detenía aquellas; negociaciones abusivas y acuerdos a modo de tercer país seguro; ampliación y reforzamiento de las funciones policiales de las autoridades migratorias; apelaciones indebidas ante instancias judiciales superiores para rigidizar las disposiciones administrativas y expulsiones; deportaciones expeditas y obstáculos a la concertación de repatriaciones; ataques para poner fin al programa DACA y acabar con estancia permitida de los dreamers; descuido patente y marginación de los migrantes de los servicios de salud ante el COVID-19, y el intento de excluir a los indocumentados del censo de población total utilizado para asignar distritos legislativos en los Estados, determinando los escaños en la cámara baja y, por ende, los votos del colegio electoral.
Habrá que estimar las declaraciones que los demócratas impulsarán un sistema migratorio "justo y humano", sin descuidar la protección y seguridad de la frontera con México, con pleno respeto a la dignidad de los migrantes y preservándose el derecho de asilo. Joe Biden y Kamala Harris han prometido, que su actuación se basará en el cumplimiento de las leyes estadounidenses y que el próximo gobierno estadounidense dejará de actuar facciosamente en contra de las comunidades y no permitirá violaciones al debido proceso. Han anunciado, también, el fin del programa Quédate en México, mediante el cual se obligó a miles de solicitantes de asilo a permanecer en México (con la anuencia del gobierno mexicano y con altísimo costo), mientras procedían o se reanudaban los trámites; incluso que se concluirán los acuerdos de tercer país seguro suscritos con El Salvador, Honduras y Guatemala; para buscar, además, promover en el mediano plazo, una reforma legal para regularizar a casi 11 millones de migrantes, y la creación inmediata de un grupo de trabajo que permita reunir con sus familias a los más de 500 niños que fueron separados de sus padres en la frontera, quienes deberán ser localizados.
Precisamente porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por contemporizar y aguantar los diversos embates, hasta tornarse en los hechos en un colaborador de las políticas arbitrarias e ilegales de Trump, (ahí está el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional para contener los desplazamientos de migrantes en nuestras fronteras sur y norte), en las semanas próximas será fundamental rectificar y dialogar bilateralmente sobre la compleja ecuación entre migración y seguridad nacional, entre migración y desarrollo económico y social. Ello será primordial para cimentar un acercamiento distinto, estableciendo otros entendimientos con Washington.
¿Qué hacer con tantas loas presidenciales a los migrantes mexicanos, considerados "héroes" y con las recurrentes referencias a las cuantiosas remesas de dinero, si se quedan en meras alabanzas y no se ven acompañadas de un esfuerzo gubernamental eficaz para cambiar la visión y rectificar la gestión interna y externa de la migración? Se va a requerir una profunda recomposición de la política migratoria, que de facto recae, ahora, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y no en la de Gobernación. Surgen entonces múltiples interrogantes: ¿cómo se conducirán los gobiernos de los estados fronterizos del sur y norte ante la presencia masiva y extendida de migrantes varados, cuando las transferencias federales registrarán aún más drásticas reducciones? ¿Cómo podrá la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados cumplir con un mandato ampliado, tras la aprobación, en septiembre pasado, de la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, sin dejar de atender a decenas de miles de solicitantes extranjeros de asilo, teniendo un magro presupuesto anual de 40 millones de pesos, obligándola siempre a recurrir al apoyo financiero del ACNUR?
Si el secretario Marcelo Ebrard y los suyos encabezan los diálogos y negociaciones sobre migración con una entrante administración demócrata, ello requerirá de una pronta y profunda reingeniería diplomática, labor harto compleja y de gran calado. ¿Cómo podrá el gobierno mexicano, con mucho menos recursos financieros, actuar coordinadamente, siendo que el Programa para el Desarrollo Integral de Centroamérica no despegó y la prioridad, ahora, en medio de la pandemia, es la obtención oportuna y equitativa de las vacunas, habiéndose utilizado los recursos del Fondo México, destinados a la ayuda a Centroamérica, a rehabilitar centros de detención migratoria y cubrir los traslados al sur y a sus países de solicitantes de asilo centroamericanos, devueltos por los EUA? De pronóstico reservado será recomponer o rediseñar la visión integradora que nuestro gobierno quiso poner en ejecución en sus inicios, mediante estrategias enfocadas en el desarrollo (conforme al Pacto Global para la Migración), luego de dar un giro dramático al desplegar acciones de contención migratoria, todo para cortejar y complacer a Donald Trump.
@JAlvarezFuentes
