La detención y proceso penal del general Salvador Cienfuegos Zepeda en los Estados Unidos cuestiona al Estado Mexicano, y revela que además del grave problema de seguridad que padecen nuestro país y la región norte del Continente Americano, existe una cuestión diplomática de importancia primordial pendiente de ser tratada con los Estados Unidos. Resulta imposible desvincular la aprehensión de quién fue Secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de la naturaleza de las funciones a su cargo, que lo llevaron a trabajar durante su carrera militar, en estrecha colaboración con autoridades estadounidenses.
México y los Estados Unidos y México han sido aliados en materia de defensa desde la segunda guerra mundial, y de manera especial en la política de producción y control de estupefacientes para fines medicinales. A principios de los años sesenta detonó en los Estados Unidos una contra cultura de masas, basada en el consumo de drogas como diversión y para llenar el vacío existencial, que pasó a redefinir y degradar en muchos sentidos la identidad social y estilo de vida de Norteamérica, lo que por vecindad y lamentable imitación, ha contaminado a nuestra sociedad mexicana.
La alianza entre los dos países en el rubro en comento, se ha mantenido con independencia de cuál sea el partido en el gobierno en ambos lados de la frontera, porque se trata de cuestiones de seguridad que trascienden los matices ideológicos y los estilos de los regímenes en turno. Como consecuencia, el juicio penal de un secretario de Estado de México, que compartió responsabilidades estratégicas con autoridades de los Estados Unidos, obliga a cuestionar si las operaciones de las cuales se le acusa, se realizaron como parte de un plan conjunto con quienes fueron parte del gobierno en aquel momento, del otro lado de la frontera.
La práctica de operaciones de inteligencia en las que se fortalezca a un enemigo para debilitar a otro, en la guerra contra los múltiples cárteles de la droga y de éstos entre sí, se encuentra dentro de la normalidad de una estrategia militar sin embargo, a la luz de una ética social rigurosa, puede resultar inaceptable. Baste recordar como botón de muestra, el ejemplo de la operación Rápidos y Furiosos en virtud de la cual en el pasado reciente, bajo la tutela de autoridades del vecino país, se vendieron armas procedentes de Norteamérica a los cárteles mexicanos, como parte de un plan para seguir la ruta del comercio de armas.
Lo anterior no quiere decir que los miembros de las fuerzas armadas o de los cuerpos policiacos deben gozar de impunidad, con el pretexto de que en el terreno que pisan la frontera entre el bien y el mal es difusa, pero tampoco es suficiente juzgar hechos de esta naturaleza con las normas del procedimiento judicial ordinario, sin considerar el ingrediente político y estratégico militar que conllevan. Por ello resulta obligado poner sobre la mesa y someter a juicio la relación bilateral México Estados Unidos en materia de seguridad y combate la delincuencia internacional, para tener claro que es lo que espera cada uno de esos países en el tema en cuestión.
Lo anterior es importante, porque en el contexto electoral por la Presidencia de los Estados Unidos, se producen las declaraciones de Barry McCaffrey, encargado de la Política Nacional para el Control de Drogas durante el gobierno de Bill Clinton, que confirman que México es rehén en la lucha por el poder que hoy día se libra allende el Río Bravo. McCaffrey muestra su desacuerdo con la política de Donald Trump, en relación con la aprehensión de Cienfuegos y asegura que el proceder del gobierno de su país, es una acción provocadora y ofensiva en contra de las Fuerza Armadas de México, a las que califica como "altamente efectivas y en su mayor parte de gran integridad".
La reacción del presidente López Obrador frente lo acontecido, no debe limitarse a echar la culpa al gobierno de Felipe Calderón en el caso de García Luna, o a invocar la presunción de inocencia del general Cienfuegos. Sin menosprecio de la reclamación por el respeto al debido proceso judicial en ambos casos particulares, el tema en comento debe ser tratado por el Gobierno de México en el plano diplomático del más alto nivel, a la luz de la cooperación internacional en materia de estrategia militar y seguridad continental.
