La mayor parte de los informes internacionales y nacionales sobre la situación que guardan los ecosistemas naturales que aún se conservan en condiciones próximas a su estado original, indican que las amenazas que sufren se están cumpliendo y siendo destruidos por causas antrópicas, es decir, por la mano perturbadora del hombre. En ellos ocurren cambios en el uso del suelo que alteran los hábitat naturales, ya sea fragmentándolos o destruyéndolos, provocando la pérdida de las especies de fauna y flora silvestre que ahí habitan.
Gran parte de estos ecosistemas, hábitat y biodiversidad natural (aquellas plantas y animales no domesticadas por el hombre, que viven aún en estado silvestres), se encuentran en terrenos sujetos a un estatus de protección acorde con las legislaciones de los países donde se ubican, son sitios que van quedando como porciones de terreno aisladas en medio de lo que se ha llamado ecosistemas antropizados, donde las actividades del hombre ya alteraron la naturaleza sometiéndola a sus necesidades. Si bien existen diferentes estrategias para proteger y conservar el llamado capital natural, la más importante de ellas ha sido las áreas naturales protegidas (ANP).
En la Comarca Lagunera se han creado cinco de estas ANP en diferentes categorías como Mapimí (Reserva de la Biósfera, federal), Cañón de Fernández (Parque Estatal), Jimulco (Reserva Ecológica Municipal), Tomás Garrido y Bilbao (Áreas Voluntarias Estatales para la Conservación), que abarcan alrededor del 7% de la superficie de los 15 municipios de la región. Ya existen los estudios técnicos justificativos (ETJ) para declarar otras dos: Sierra del Sarnoso y Cuchillas de la Zarca, esta última ubicada en el norte de Durango que abarca una pequeña porción de La Laguna.
En cada una de estas áreas además de contar con los ETJ se elaboraron programas de manejo, documentos rectores que indican la forma en que se gestionarán con base al tipo y estado en que se encuentra su capital natural y de las poblaciones humanas ahí residentes, donde por ley se zonifican en áreas núcleo y de amortiguamiento. Las primeras son superficies que presentan valores biológicos sobresalientes como hábitats singulares o especies de flora y fauna en estatus de riesgo, con mayor vulnerabilidad que limita la realización de actividades humanas, mientras que las segundas son aquellas donde ya se efectúan actividades productivas o domésticas que se mantienen pero buscando se regulen con el fin de que las poblaciones humanas que ahí viven las desarrollen en forma sostenible, que se respeten los umbrales naturales y mantengan los equilibrios ecológicos.
Sin embargo, parece que declarar estos espacios bajo un estatus de protección legal no ha sido suficiente porque en ellas se realizan actividades no permitidas que atentan contra la vida silvestre que se quiere conservar. Esto ocurre en el Cañón de Fernández, donde la legislación ambiental y el programa de manejo que le rige establecen que se debe respetar su hábitat y la biodiversidad.
Los estudios en que se sustentan esos programas de manejo indican varias amenazas que afectan su capital natural, destacando dos de ellas: por un lado, los cambios en el uso del suelo que realizan principalmente los concesionarios de la franja federal del río Nazas en el tramo que atraviesa el Parque Estatal y, por el otro, la realización de un turismo desordenado, practicado en el mayor de lo casos por personas o grupos de personas provenientes de las ciudades que conforman la zona metropolitana de La Laguna. Ambas constituyen una invasión a un espacio que se protegió legalmente para conservar la vida silvestre ahí existente.
Si bien la primera ocurre como una invasión lenta pero letal para esa vida silvestre, durante los últimos meses se observa un flujo desproporcionado de visitantes, grupos de personas que salieron de sus casas buscando parajes naturales donde convivir ante el confinamiento urbano que nos obliga la pandemia de COVID-19. Dos lecturas habrá que hacer sobre estos hechos. Por un lado, evidencian la ausencia o insuficiencia de espacios verdes en las áreas urbanas de la zona metropolitana, o en espacios rurales aledaños a estas, en los cuales se de ese esparcimiento en contacto con la naturaleza, con vegetación domesticada o nativa, denotando con ello la omisión presente en los planes de desarrollo urbano y en los presupuestos públicos por atender esta cuestión, como ocurre con las mismas ANP.
La otra es que muestra la escasa cultura ambiental de la población urbana lagunera, que al desplazarse a un paraje natural desconocido, no se informa y realiza en él prácticas inadecuadas que afectan esos hábitats y su vida silvestre. El impacto más visible de esta invasión urbana al Cañón de Fernández es la contaminación por el tiradero de basura que dejan o el ruido con sus aparatos electrónicos, la extracción de plantas o animales, su concentración en sitios de uso restringido y, en el peor de los casos, los grupos organizados de racers o motocicletas que destrozan por doquier y alteran la vida silvestre.
El Cañón de Fernández es un humedal, de los pocos en el desierto Chihuahuense, de importancia internacional por ser sitio Ramsar, que merece el respeto de los laguneros, no solo por ser un patrimonio natural de la humanidad, también por ser un sitio que nos presta invaluables servicios ambientales y recreativos. Por ello debemos cuidarlo como lo viene realizando el grupo de ciudadanos que conforma la asociación civil Prodefensa del Nazas desde hace casi dos décadas, y que este próximo domingo convoca a los laguneros a una jornada de limpieza en el ANP.
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