Mientras se daba un debate sobre la libertad de expresión, se sumó al desbarajuste nacional el criterio de la Suprema Corte sobre las consultas populares. Mientras la libertad de expresión parece acechada, la independencia de los ministros de la Corte y la autonomía del Poder Judicial de la Federación sufrieron un descalabro histórico. Antes de la decisión de la Corte, había cierta confianza de que existían dos valladares al creciente poder presidencial: el que corresponde a la Suprema Corte como tribunal constitucional y el de quienes ejercen la libertad de expresión.
En cuanto a la libertad de expresión, el presidente con sus desplantes ha vulnerado la libertad de que deben gozar los medios y comunicadores. Los episodios de acoso a Enrique Krauze y a Héctor Aguilar Camín, cabezas de Letras Libres y Nexos, provocaron tal catarata de apoyos solidarios que significaban, además, la preocupación generalizada por la libertad amenazada.
La práctica presidencial de denostar periodistas y medios que critican su actuación, está en el límite de una violación a un derecho humano garantizado por la Constitución y los Tratados Internacionales. Quien no piensa como el presidente es un conservador y hasta un traidor, una combinación de advertencia, insulto y burla.
En cuanto a la Suprema Corte ninguna otra decisión, desde que se instauró como tribunal constitucional en 1995, gracias a una iniciativa del presidente Zedillo, había impactado de tal manera a la sociedad mexicana, en particular al sistema jurídico del país. La condena social, mediática y académica al desbarre judicial en el asunto de las consultas populares no tiene parangón. Pero es que nunca se había visto contrariar tan grotescamente el texto constitucional para obsequiar los deseos presidenciales. La explicación que la Suprema Corte viene dando a la resolución ominosa ha enredado más el asunto. Hubiera sido mejor dejarla así, sin explicación, pues lo que resolvieron es indefendible.
Una de las razones que ha dado es que la Corte debe sumarse a la gran cruzada nacional a favor de los desvalidos y en contra de la corrupción. Los voceros judiciales han querido justificar que la Corte y sus integrantes también deben hacer política, lo que es un disparate. Los tribunales constitucionales no están para eso, por el contrario, están para controlar a la política. Lo que decidieron equivale a ver a un árbitro de futbol, dejar su función arbitral y ponerse a tirar penaltis. O para que se entienda en lenguaje beisbolero: al ampáyer dejar de contar bolas, strikes para convertirse en bateador emergente.
La gravedad del asunto es que la mayoría del tribunal (6-5) olvidó el papel del juez constitucional en una sociedad que aspira a ser democrática. Los ministros tienen un estatuto propio, contenido en la misma Constitución que los protege de los poderes públicos que ellos mismos controlan. Los jueces constitucionales toman decisiones que tienen repercusiones políticas, pero no deberían hacer política y menos atender las peticiones del poder, especialmente, si estas configuran una violación a lo que la Constitución establece.
Alexis de Tocqueville descubrió en 1830 la clave del inmenso poder judicial: "El poder concedido a los tribunales para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes constituye una de las más poderosas barreras jamás levantadas contra la tiranía de las asambleas políticas".
¿Qué sigue para la Suprema Corte?: Reconsiderar el papel que debe desempeñar en una sociedad ávida de justicia, alinearse con lo que prescribe la Constitución y no estar alineada con lo que manda a hacer el presidente. Al final ¿son jueces constitucionales o políticos profesionales?
