La sentencia de la Suprema Corte de Justicia dictada la semana pasada, sobre la Consulta Pública pedida por López Obrador para llamar a cuentas a los expresidentes, ha producido desconcierto y rechazo entre los protagonistas y espectadores de nuestra vida pública nacional. Para quienes cada día litigamos como abogados en los tribunales del país, la sentencia en comento no es ninguna sorpresa, porque de modo sigiloso, en México está operando un cambio de paradigma en la impartición de justicia, en el que abusando de facultades discrecionales, los jueces se imponen por encima de la Ley.
El problema se hace visible a partir del año 2007, en que concluyó la gestión del Ministro Mariano Azuela como Presidente de la Suprema Corte, que se distinguió por el respeto a la separación de los poderes públicos y el fortalecimiento del Poder Judicial Federal en recursos humanos y materiales. Después de esa fecha, y en ocasión del desarrollo de nuestra Justicia Constitucional impulsado por los gobiernos neoliberales, la Corte ha dictado sentencias que pretenden obligar a los Congresos de la Federación y de los Estados, a legislar en un sentido determinado, en temas que por su naturaleza, deben ser discernidos y debatidos con profundidad y amplitud, en los terrenos legislativo y de participación ciudadana.
Un botón de muestra, lo ofrece la legalización del consumo de marihuana. En cinco juicios de amparo la Suprema Corte reconoce a igual número de ciudadanos el derecho de consumir marihuana con fines recreativos, y en base a esos cinco casos, pretende obligar al Congreso de la Unión a que haga una ley al respecto. La Corte fija un plazo que ya concluyó sin que la ley haya sido aprobada hasta la fecha, porque los Ministros aventaron el problema al Congreso sin tomar en cuenta la prohibición relativa a la producción y comercio del estupefaciente, lo que revela una evidente falta de contacto con la realidad y una ligereza que raya en la frivolidad.
Otro ejemplo implica el intento de cambiar leyes locales, a partir de una resolución de la Suprema Corte que declare que la práctica del aborto es un Derecho Humano de la mujer embarazada, lo que va en contra del Derecho Humano reconocido por las Constituciones de algunos Estados, que protegen la vida del niño en formación en el vientre de la madre, desde la concepción. Al asumir la Corte funciones propias del legislador, viola el principio de división de poderes y vulnera la autonomía de los Estados; someter el contenido de la Ley al criterio de los Jueces, en lugar de que los Jueces estén sujetos a lo que la Ley dice, destruye los principios de certeza y de seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
En el caso de la Consulta Pública solicitada por López Obrador, al reformular el contenido de la pregunta, la Corte cambia la materia misma de la Consulta. Algo semejante suele ocurrir en los tribunales del país, cuando Jueces y Magistrados hacen caso omiso de los puntos en controversia planteados por las partes, y reinventan el conflicto de acuerdo a la perspectiva del Juzgador, dejando de lado las pretensiones de los interesados. El daño que lo anterior ocasiona a los justiciables de carne y hueso es enorme, porque al no decidir con claridad y certidumbre cuál de las dos partes tiene la razón a la luz de la Ley y de lo que las propias partes piden, la sentencia se aparta de la realidad, su ejecución se torna imposible, y se hace de la impartición de justicia un ejercicio vano e inútil.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia del jueves pasado es un reflejo de algo que ocurre en el día a día de nuestros tribunales y sin embargo, ni el propio López Obrador se la esperaba. La solidez del proyecto que tres días antes de la sesión de Pleno declaraba inconstitucional la Consulta, y la sagacidad mostrada el día de la sentencia, en la discusión en pro y en contra del proyecto, prueban que los Magistrados saben cómo hacer su tarea y que también saben cómo no hacerla. El que la Corte haya autorizado la Consulta en base a una pregunta que es un galimatías incomprensible, puede que sirva a López Obrador para fines electorales, o se vuelva en su contra, pero lo más probable es que no sirva para nada.
