Meses atrás, analizábamos la geopolítica de la minería y destacábamos la importancia de algunos minerales de valor estratégico, las batallas por su explotación y control hoy en el mundo. Igualmente, insistíamos en la imperiosa necesidad de contar con más y mejores análisis geopolíticos para la promoción y defensa de los intereses nacionales, asunto que compete a los 3 niveles de gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad organizada. La actividad minera ha tenido una importancia fundamental en el proceso histórico de México, determinante para el desarrollo de numerosos estados y regiones, remontándose siglos atrás; pero junto con su creciente importancia económica, actualmente, son insoslayables sus impactos sociales y ambientales. A la minería están vinculadas tanto tres de las más importantes fortunas del país (Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailleres), habiendo cuantiosas inversiones nacionales y extranjeras, existiendo asimismo movimientos de resistencia de numerosas comunidades y pueblos indígenas y una amplia lucha social por la defensa del agua, la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Acontecimientos recientes, en apariencia inconexos, como la promoción de un importantísimo yacimiento de litio en el noroeste, la reciente salida de Víctor Toledo Manzur como titular de la SEMARNAT y la desaparición de la Subsecretaría de Minería en la Secretaría de Economía, hacen necesario enfocar bien el análisis y formular algunas consideraciones que ofrezcan una visión prospectiva crítica.
La minería en México representa el 2.4 % del PIB nacional y el 8.2 % del conjunto de la actividad industrial, es fuente de decenas de miles de empleos directos e indirectos para millones de mexicanos, pero en su conjunto, aporta a las finanzas públicas nacionales menos del 1% del total de los ingresos tributarios. Son capitales nacionales, estadounidenses, canadienses, europeos, australianos, sudafricanos, chinos y asiáticos los que compiten en el sector minero, con presencia en prácticamente todo el territorio nacional.
La difusión de un mega proyecto de inversión productiva, por parte de empresas con importantes intereses canadienses, británicos, chinos y japoneses, con base en el yacimiento de litio más grande y valioso en el mundo, con reservas probables de 243.8 millones de toneladas, ubicado en el municipio de Bacadéhuachi, en Sonora, ha alertado a analistas, inversionistas, funcionarios, expertos y cabilderos, y colocado en la agenda de la opinión pública, la posible participación de México en la explotación y exportación de uno de los minerales estratégicos más importantes para el futuro del mundo, poniendo de manifiesto los múltiples y complejos intereses en juego. El litio, un mineral ligero que arde en contacto con el agua, se utiliza para la fabricación de cerámica y medicamentos, es un insumo básico de la industria nuclear, pero, sobre todo, se ha vuelto un material esencial para la producción de baterías de autos, teléfonos celulares, computadoras y otros sistemas avanzados de almacenamiento de energía. A partir de 2014, los precios internacionales del litio se dispararon un 156%, al pasar de los 6 700 dólares la tonelada hasta un máximo histórico de 17 mil dólares en 2018. Si bien la crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia han impactado negativamente los mercados internacionales de minerales, se prevé que la demanda crezca en forma exponencial, debido a la transición energética y las transformaciones tecnológicas en el mundo.
Las empresas Bacanora Minerals y Gangfeng Lithium destinarán una inversión inicial de 420 millones de dólares a la extracción de litio en dicho yacimiento, con base en la concesión otorgada por 50 años en 2015, con el objetivo de producir 17 mil toneladas anuales de carbonato de litio en 2023, destinadas a la exportación, desde el puerto de Guaymas, a Estados Unidos y al continente asiático, donde se encuentran las principales empresas fabricantes de baterías para automóviles eléctricos, teléfonos celulares, celdas solares y computadoras. El actual gobierno mexicano se ha reservado 4 de los 11 principales yacimientos en el país, ubicados en Jalisco, Puebla y dos en Sonora, a fin de que el Servicio Geológico Nacional realice muestreos para determinar su potencial y rentabilidad. Los 7 yacimientos concesionados al sector privado están en Baja California, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. El saliente Secretario de Medio Ambiente se pronunció, en junio, a favor de una posible nacionalización de los proyectos de extracción de litio y la posible creación de una empresa pública mixta, teniendo presente que, el gobierno mexicano actualmente solo obtendrá de la empresa minera multinacional el pago de los impuestos y derechos, sin tener ningún control sobre la producción del mineral.
Lo anterior debe ponerse en el contexto de la entrada en vigor del T-MEC y la existencia, al otro lado de la frontera, de una mega planta de Tesla Motors, el mayor fabricante de autos eléctricos, la cual se ubica en el desierto de Nevada, a 1,400 kilómetros. La extracción del litio cobra particular relevancia para asegurar las cadenas de suministro y valor en Norteamérica, puesto que, en 3 años, los coches fabricados en los tres países deberán tener, al menos, un 75% de sus componentes producidos en la región para poder comercializarse libres de aranceles.
La inconveniente e inopinada disolución de la Subsecretaría de Minería crea un limbo jurídico y genera incertidumbre al dejar de haber un interlocutor clave, confiable, capaz de mediar entre los intereses de las compañías, las comunidades, de fijar las prioridades de los gobiernos y atender, junto con la SEMARNAT, el cumplimiento de las normas ambientales.
@JAlvarezFuentes
