La propuesta electoral del partido de Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), de crear un gravamen a la riqueza ha generado críticas y escepticismo en Bolivia, ante la posibilidad de que sea impuesto de forma arbitraria o de que los ricos "formales" e "informales" puedan evadirlo.
El impuesto a las grandes fortunas se aplicaría a personas con patrimonios superiores a los 10 millones de dólares, alcanzando al 0.01 por ciento de la población, según el candidato presidencial del MAS, el exministro de Economía Luis Arce.
Arce defiende que se busca reactivar a la economía boliviana, golpeada por la pandemia de la COVID-19 y afectada también por lo que este candidato considera una mala administración del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Desde Argentina, el expresidente Evo Morales ha destacado la propuesta calificándola como "una medida oportuna y necesaria", al considerar que "solo quienes tienen millones y millones se opondrán a ella". "Aquí todos tenemos que aportar para la crisis, no solamente los pobres pueden perder, también los ricos tienen que poner plata", afirmó Morales a una radio cocalera boliviana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 el 12.9 por ciento de la población boliviana se encontraba en condición de pobreza extrema y un 37.2 por ciento en situación de pobreza.
Bolivia, con unos once millones y medio de habitantes, registraba en 2019 un PIB per cápita de 3,552 dólares.
El MAS plantea usar el dinero recaudado en una mayor industrialización de materias primas, pero los industriales bolivianos advierten de que generará un efecto contrario de "desindustrialización".
La Cámara Nacional de Industrias ha alertado de que si esta propuesta se concreta, "promoverá un clima de incertidumbre, ahuyentará a la inversión privada y generará inseguridad jurídica para las actividades nacionales y extranjeras".
Al respecto, analistas económicos consultados por Efe coinciden en que la propuesta resulta interesante en un país como Bolivia, donde aún es evidente que la riqueza está distribuida de forma muy poco equitativa, pero la matizan ante problemas estructurales que también persisten.
Para el analista Alberto Bonadona, "no es un momento propicio para impulsarla, más aún cuando existen ausencias de un marco jurídico que establezca los derechos de propiedad y que pueda definir determinadas formas de riqueza en Bolivia".
Aquella reforma no fue concretada por Arce cuando fue ministro, por lo que el experto comentó que su propuesta actual tiene una visión "populista" y "electoral".
