A excepción de sus cómplices y beneficiarios, quién no quisiera ver tras las rejas a los expresidentes de la República y a infinidad de políticos que, en vez de servir a la nación, se sirvieron de ella en favor de sus intereses personales y políticos, al tiempo de amasar fortunas o negocios a sus costillas.
El punto es si se cuenta con los elementos, el equipo y, sobre todo, con el aparato de justicia para hacerlo, así como con la fuerza y la organización política para encarar tamaño desafío. Reto que, por su talla y peso, de no resolverse satisfactoriamente, provocaría una frustración social terrible e incorporaría peligrosos ingredientes de inestabilidad política. A la catástrofe sanitaria y la recesión económica se agregarían nuevos factores disruptivos.
Se puede exhibir a esos exmandatarios y sus secuaces como una pandilla de cínicos rateros, incluso -si se quiere-, como un cártel político o una organización criminal con registro. Se puede, sí, emprender esa operación política, pero impulsar la idea de consultar al "pueblo" si se les debe investigar y en su caso enjuiciar es convertir la ley en un recurso optativo y generar una expectativa irrealizable que, tras animar una ilusión y arrojar algunos dividendos electorales, acabaría por alimentar la desesperación donde con frecuencia anida la violencia.
Por menos de lo que en estos días se está viendo y ventilando, más de una vez la violencia ha terminado por arrojar los dados en la política, dejando un saldo rojo y doloroso, acompañado de un futuro negro.
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Se entiende la urgencia presidencial por ganar tiempo. No en vano, el propio mandatario dice que "política es tiempo y la suerte cuenta mucho en política".
La suerte -por no decir, la naturaleza o la epidemia- le jugó las contras al Ejecutivo, echando abajo su proyecto. La mala suerte se manifestó justo al remover los pilares de muchas políticas e instituciones y cuando no se acababan de fincar ni asegurar los pilotes de las nuevas. Si la sola modificación de aquellas estructuras suponía riesgo, el virus la transformó en peligro.
Quizá, ahí se explica por qué el afán de minimizar el azote sanitario y el cálculo más aventurado que prematuro de verlo, al inicio, como la puntilla del neoliberalismo sin calibrar el efecto devastador sobre la salud y la economía... y el propio proyecto lopezobradorista. Si, al principio, le venía "como anillo al dedo" a los planes de la administración; ahora, le viene "como grillete a la muñeca".
La famosa curva del contagio viral no se aplanó, la economía se detuvo, el mandatario no quiso revisar la posibilidad de su proyecto y... se fue el tiempo. El tiempo que el Ejecutivo exprime cuanto puede y, aun así, le niega en la víspera del informe de gobierno y la antesala de las elecciones intermedias resultados favorables, tangibles y concretos.
De ahí la urgencia de ganar tiempo a como dé lugar y reposicionarse de cara a la circunstancia, aun cuando ahora en vez de asumir riesgos se corran peligros.
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En la osadía de pretender someter a consulta pública si debe o no sujetarse a juicio a los expresidentes de la República, el Ejecutivo dobla la apuesta política... pero titubea.
Muestra que si con el video donde aparece Pío, el hermano de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero no acreditado de su hoy excolaborador David León quieren amedrentarlo e igualarlo, está resuelto a ir más lejos, acrecentar los dividendos de la denuncia de la corrupción y fortalecer su posición en las elecciones del 2021.
Muestra eso, pero también contradicciones. Anima la consulta, aunque anticipa su voto en contra. Condena a priori a sus antecesores, pero no quiere ser su verdugo. Celebra la denuncia de Lozoya que exhibe la corrupción como sistema, pero vulnera la posibilidad de integrar debidamente la carpeta de investigación. Asegura estar por el punto final ante el pasado, pero planta un punto y seguido en el presente. Manifiesta fervor por el Estado de derecho, pero lo somete a consulta. Advierte la debilidad del aparato de justicia, pero en vez de fortalecerlo lo reemplaza por el tribunal popular.
Juega al fuera de lugar, esperando la oportunidad de rehacerse en las elecciones del año entrante y ver si tiene una segunda oportunidad, mejor suerte en el segundo trienio y así reencarrilar su proyecto. A favor de esa idea apuntan las encuestas de preferencia electoral, la incapacidad e ineptitud de las oposiciones e, incluso, la incorporación de nuevos partidos que restarán votos a las otras fuerzas, pero no a la suya.
Comoquiera, someter a consulta popular si, llegado el caso, se debe enjuiciar a los exmandatarios es un absurdo y un juego peligroso. Y, en esto, resultaría gracioso que la ciudadanía se inclinara por no llevarlos a juicio. En medio de la epidemia, ¿qué funeraria se encargaría de enterrar el Estado de derecho?
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Ciertamente, en un cambio de régimen combatir la corrupción y abatir la impunidad con las leyes y las instituciones armadas para encubrir a la primera y tolerar a la segunda, no es nada sencillo... pero esos son los instrumentos que hay.
La opción presidencial de someter a consulta el Estado de derecho no asegura llegar adonde quiere. Puede, sí, generarle algunos dividendos, pero en vez de alargar, precipitar el tiempo del segundo trienio de su mandato porque toca fibras políticas, sensibles en extremo.
Es un juego de poder donde la cárcel se vuelve un campo natural del ejercicio político y, más allá del absurdo implícito en la consulta popular, quien se sienta ante la posibilidad de verse tras las rejas o condenado en la plaza moverá palancas y resortes no necesariamente políticos ni legales para evitarlo...
Ahí es donde la inestabilidad y la violencia podrían ocupar espacio.
