El estigma, no el castigo, es lo que busca el presidente López Obrador. Lo ha dicho muchas veces y no cabe duda de que es congruente en su actuar. Promueve la repulsa, aunque obstruya con ello el camino de las instituciones de justicia. Lo que al presidente indigna en realidad no es la impunidad, es el aplauso que recibe el tramposo, la envidia que genera su botín. La anécdota la cuenta tres o cuatro veces a la semana: antes de su feliz triunfo, los pillos eran vistos popularmente como astutos ejemplares. Se paseaban sin encarar el rechazo de la gente. Por eso cree que, para terminar con la corrupción, lo que importa en realidad no es llevar a los delincuentes a la cárcel, sino que los cubra la mala fama, que los persiga por siempre el desprecio público. Ese castigo, popular y difuso, es lo que busca activamente el presidente. Piensa en una sanción fulminante que no necesita seguir el engorro de esos procedimientos que suelen controlar los abogados. A cualquier imagen incriminatoria, a cualquier acusación que involucre a sus adversarios da inmediatamente la máxima publicidad para que la opinión aplique sus castigos.
La política del estigma, impropia de un jefe de Estado, aleja la verdad y dinamita el proceso legal. No dudo que, en el corto plazo, esta urgencia de exhibir resulte rentable: tal vez ayude a fortalecer la imagen de un presidente que combate a los corruptos y puede aniquilar a las oposiciones que están ya en condición agónica. Pero, tarde o temprano, esta estrategia atenta contra el propósito declarado de combatir la corrupción. La exhibición de estos materiales, la condena desde el púlpito presidencial pone en riesgo la viabilidad del proceso. Al usar la tribuna de ese modo, el presidente obstruye al tribunal. Lo han advertido muchos abogados en estos días. Si desde la máxima figura del gobierno se viola la presunción de inocencia puede contaminarse irreversiblemente el juicio. La verdad y no solamente la justicia se nos escapa también con este mal periodismo que es peor política. Cuando el presidente acoge como confiables y difunde dichos de un delincuente confeso que no aporta prueba alguna de sus dichos, glorifica el chisme que mezcla verdades con inventos y con ello aleja la esperanza de conocer.
El conocimiento de las trapacerías de los gobiernos anteriores es vital para el país. Castigar a quienes han usado los cargos públicos para beneficio personal es igualmente indispensable. Me temo, sin embargo, que el afán de estigmatización y el desprecio por los rigores de la ley nos conduce al rumbo contrario: impunidad y confusión. Con esta política de estigmatización se alentará la indignación y la frustración. Las consecuencias de esta estrategia pueden verse a la vuelta de la esquina: rabia y desconfianza. Irritación por los escándalos y decepción por la incapacidad para aplicar con ejemplaridad la ley. Los pillos se reirán de nosotros y seguramente algunos inocentes quedarán tiznados.
La justicia ha de estar por encima de la ley, repite con frecuencia el presidente López Obrador. Lo decía en la oposición y lo sigue diciendo desde Palacio Nacional. Ser la cabeza del Estado mexicano no ha modificado su convicción de que puede alcanzarse la justicia por caminos distintos a los del derecho. Habrá entonces preciosas transgresiones a la ley. La convicción justiciera que se desentiende del respeto por las formas y los procedimientos legales, que ignora derechos y desborda competencias legitima el capricho del más fuerte, quien definirá como justicia su propio interés. No es raro ver, entonces, que el presidente sólo advierta injusticia y delito en la conducta de sus adversarios. Los delitos que cometen los suyos resultan admirables aportaciones a una causa heroica. La causa es justificación plena. El santo se siente tan lejos de las tentaciones mortales que confiesa conductas delictivas públicamente sin el mayor asomo de culpa. Sus pecados son actos de sublime patriotismo.
