Asombra sorprenderse de lo ya visto y conocido: la ancestral práctica de saquear recursos públicos y abusar de instituciones nacionales para fines personales o políticos, la costumbre de fincar en el robo y la extorsión el pilar de las relaciones criminales y políticas en México sin consecuencia judicial.
La filtración del video donde dos colaboradores de exsenadores panistas reciben cientos de miles de pesos -producto de un supuesto soborno- y de la denuncia en la cual, y con tal de salvar su pellejo y el de su familia, un exfuncionario priista implica y vincula en la comisión de presuntos delitos a relevantes y antiguos compañeros, amigos y conocidos, incluidos nada más y nada menos que tres expresidentes de la república, asombra no por exhibir un hecho inédito, sino por ratificar en imagen y letra de molde una historia sabida. Y, en este caso, por confirmar cómo se dio el cogobierno prianista del despojo de recursos, así como la perversión de instituciones a partir de un pacto que, sin el ribete de un acuerdo patrio, revela una transa inaceptable.
En tiempos donde la pérdida de vidas y empleos cuestiona el tino de la estrategia sanitaria y económica oficial adoptada ante la epidemia, el Ejecutivo está de plácemes, aun con la molestia provocada por la divulgación del video donde su hermano, Pío, recibe un sobre con dinero supuestamente del pueblo sabio y bueno. De plácemes porque, sin duda, la conversión del delincuente perseguido en delator aliado cambia el eje del debate público, anticipa jugosos dividendos electorales y exhibe el grado de descomposición del anterior grupo en el poder.
Qué bien denunciar la política fincada en la transa y el dinero, pero ello no basta para reencauzarla por otro sendero. Falta la respuesta a qué hacer institucionalmente y en serio para recuperarla ahora y en adelante. Denunciar políticamente sin llevar con pulcritud, cuidado y esmero hasta las últimas consecuencias el proceso judicial correspondiente no garantiza combatir la corrupción ni abatir la impunidad.
La filtración y divulgación del video y la denuncia formal, quizá, dejen utilidad al propósito de estigmatizar la corrupción, recuperar la popularidad y derivar ventajas electorales, pero no al de procesar conforme a derecho a los implicados y, en su caso, castigarlos con rigor y severidad. Politizar el caso complica la ya de por sí difícil labor del fiscal Alejandro Gertz Manero, y quizá redunde en beneficio de los implicados, al alertarlos y favorecer el diseño de su estrategia defensiva y, como ya se vio, el lance de su primera contraofensiva.
Tanto así que, al conocerse la denuncia quedaron como implicados tres exmandatarios, dos exsecretarios de Estado, dos excandidatos presidenciales, seis exsenadores, un exdirector de Pemex, dos colaboradores panistas y una periodista, pero al día siguiente -excepto dos expresidentes- todos se declararon no solo inocentes, sino víctimas de un mentiroso delincuente, ansioso por evadir el brazo de la justicia. En esa lógica, ninguno tocó dinero, todo es un cuento dictado al firmante de la denuncia en su rol de aspirante a testigo colaborador y, por lo tanto, solo resta procesar a éste, castigarlo y seguir como antes, aunque lo robado no aparezca.
Los beneficiarios últimos de aquella filtración podrían ser los implicados y hasta el testigo colaborador si el caso se viene abajo, dejando a la postre muy mal parados al Ejecutivo y el fiscal. Al primero, por politizar el asunto, buscar dividendos y descarrilar el proceso; al segundo, por no poder desglosar los hechos denunciados, armar los casos y consignarlos ante los jueces.
Ciertamente, el pueblo está harto de tanta transa, pero también de los escándalos sobre ellas sin consecuencia judicial, impunes. Nomás falta que esta vez, teniendo elementos para intentar castigar la corrupción y replantear los fundamentos del régimen, se venga abajo la oportunidad por el afán de politizar sin judicializar debidamente la transa.
¿Por cuenta de quién corrió la filtración que, a la postre, puede beneficiar a los implicados, aun cuando manche o desportille su honorabilidad?
Si de trascender se trata y de dejar un auténtico legado, el presidente López Obrador debería dejar de contraponer la justicia con el derecho, la pena judicial con la condena popular y la denuncia política con el proceso legal. En cambio, debería crear las condiciones para que el fiscal proceda con inteligencia, sin presión ni precipitación. Debería mirar, sí, la próxima elección, pero también más allá.
Insistir en denunciar públicamente la corrupción sin favorecer su encausamiento legal y su eventual castigo penal terminará por empatar el marcador en la actuación, pero no por marcar la diferencia; por cobrar venganza de viejos agravios, pero no por rescatar la justicia; por destruir el pasado abominable, pero sin construir futuro deseable.
Abrir una cloaca solo cobra sentido si se retira la inmundicia y se adoptan medidas para evitar otra vez su estancamiento. Abrirla solo para ver la porquería e intentar derivar provecho de su contenido repite la historia conocida, no la cambia.
¿Qué se quiere? Abrirla solo para sentir su fétido olor y cerrarla después para dejarla correr de nuevo.
La administración ha convencido de su intención de denunciar políticamente la corrupción, pero no de proceder legal y contundentemente en su contra sobre la base de judicializar los casos, como tampoco de conducirse del mismo modo en la materia ante adversarios y aliados.
Se está ante la oportunidad de marcar la diferencia: reivindicar la política y el Estado de derecho, combatir la corrupción y abatir la impunidad, despedir el pasado y saludar el futuro.
