Las autoridades involucradas en la aprobación de dichos cobros que no aparecen en la Ley de Ingresos 2020 deberán pagar por este motivo poco más de 6 mil pesos de Mapimí, razón por la cual los quejosos los consideran ilegales. (DIANA GONZÁLEZ)
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango sancionó a las autoridades del Ayuntamiento de Mapimí que preside la alcaldesa, Marisol Peña Rodríguez, por incumplimiento a la sentencia que habían emitido respecto al no cobro que afectaba a los productores y vendedores de melón y sandía en Ceballos.
Las autoridades involucradas en la aprobación de dichos cobros que no aparecen en la Ley de Ingresos 2020 deberán pagar por este motivo poco más de 6 mil pesos de Mapimí, razón por la cual los quejosos los consideran ilegales.
Además de la alcaldesa, otras autoridades que participaron en la aplicación de este cobro son contralor y tesorera municipales, el síndico municipal, primer, segundo, tercero y cuarto regidor del Ayuntamiento así como la Secretaría del ayuntamiento.
Previamente, el municipio había mandado una circular el 8 de julio donde informó a los meloneros que pagarían 10 mil pesos por Derecho de Uso de Suelo para el Empaque, 4 mil pesos por Derecho de Suelo para Lavadoras y 150 pesos por Derecho de Uso de Suelo de Vía de Camión Transportador.
Debido a lo anterior, el 16 de julio de 2020 Mario Alberto Melero Nava, VIII regidor de Morena de Mapimí y el presidente de la Junta de Gobierno, Fernando Reverte Granados, además de la Sociedad denominada Meloneros del Norte de Ceballos S.C. de R.L. promovieron Juicios Contenciosos Administrativos en contra del cobro por considerarlo ilegal e inconstitucional además de advertir que la venta solo dura 4 meses, de mayo a agosto. No obstante las autoridades municipales continuaron sometiendo a la aprobación del Cabildo dichos cobros, de ahí que se presentara una nueva inconformidad.
Después de esto fue notificada la nueva sentencia interlocutoria promovida por Mario Alberto Melero Nava, Ofelia Valenzuela Carrillo y Antonio Ruiz Franco.
Fue el pasado 7 de agosto del 2020 cuando la actuaria notificadora adscrita a la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, licenciada, María Teresa Méndez Soto, notificó que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad TJA/ SS/MF/170/2020 no han dado cumplimiento a la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en dicho juicio dictada el 16 de julio de 2020. Ante ello por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esa sentencia se impone en lo personal a las autoridades demandadas una sanción pecuniaria por el equivalente a 70 Unidades de Medida y Actualización (Uma) al momento en que se paguen efectivamente.
Por su parte el Ayuntamiento de Mapimí aseguró que sí se ha respetado el acuerdo donde se ordena la suspensión del cobro de dichos derecho
