Los acontecimientos de los últimos días constituyen un fuerte llamado de atención sobre las responsabilidades de la mayoría que llegó a las Cámaras del Congreso por el mandato ciudadano del 1 de julio de 2018.
¿Para qué es la mayoría en el Congreso?
Conducir una mayoría puede permitir influir, hacer nombramientos, tejer redes de intereses. Pero eso es lo tradicional, lo inercial. El status quo.
La fuerza que hoy predomina en el Congreso se supone portadora de una voluntad de transformación. Por lo tanto, no puede ser igual. Tiene que imprimirle un sello diferente a cada acto. Responderle a una mayoría ciudadana que acudió a las urnas para sacudirse de encima un sistema de corrupción e injusticia.
Esa ciudadanía no espera lo mismo, sino algo muy distinto. Por eso la respuesta a la pregunta es:
Esta mayoría es para transformar.
Es la primera vez que se logra una mayoría legislativa progresista por la vía de la libre participación electoral. Es una mayoría cuasiconstitucional, que tiene el mandato de cambiar todo. Es el espacio para hacer las reformas siempre postergadas, para desmantelar un régimen opresivo, para hacer realidad los sueños de la gente. Es la expresión de una oportunidad de cambio que nadie sabe si se repetirá.
Ahora hay que preguntarse: ¿está cumpliendo esta mayoría con dichas expectativas?
Sí, pero hasta cierto punto. Hay pendientes. Y muchas cosas qué corregir.
Esta mayoría ha logrado reformas que parecían imposibles, como la educativa, la de salud, la de los nuevos derechos sociales. A ellas hay que agregar la prohibición de la condonación fiscal, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la de Austeridad Republicana. También hay que contar la creación de la Guardia Nacional, la utilización de la extinción de dominio en casos de corrupción y la tipificación de la corrupción, el fraude electoral, el robo de combustibles y el feminicidio como delitos graves. Así como la revocación de mandato, la paridad de mujeres y hombres en todos los órganos del Estado, el reconocimiento de las comunidades afromexicanas y la Ley para proteger el maíz nativo.
Sin embargo, hay balances críticos. Se hizo la reforma para la revocación de mandato, pero no la que tenía que facilitar la consulta popular. El Senado atoró la reforma para poder juzgar al Presidente por corrupción y fraude electoral, pues quiso darle inmunidad presidencial a los legisladores federales. El Congreso no ha querido aprobar la reforma para reducir las prerrogativas de los partidos políticos. En el Senado duerme en la congeladora la reforma para eliminar la partida secreta de la Constitución.
Peor aún, en el Senado se han hecho algunos nombramientos muy cuestionables. Por ejemplo, se designó magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México a Armando Ambriz, quien elaboró el proyecto para avalar el fraude en la elección para la gubernatura de Puebla.
No existe una concepción de derechos y de participación colegiada. Gente valiosa es excluida de los temas en los que es experta. Además, se mezclan asuntos políticos, ajenos al trabajo legislativo.
Las responsabilidades parlamentarias son encargos de la sociedad. Y este es buen momento para que la mayoría evalúe sus propios resultados y mejore sus respuestas a su esperanzado electorado.
