La detención de Emilio Lozoya Austin en España y su extradición para ser repatriado a nuestro país, para que responda por delitos que se le atribuyen cometidos, cuando fue Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido recibida en nuestro país con morbo y expectativa de escándalo. Lo deseable es que el espectáculo no se limite a una maniobra de propaganda política y trascienda en términos favorables tanto en el terreno de la justicia, como en el futuro de la producción petrolera en nuestro país y el bienestar de los mexicanos.
Cuando el Gobierno de López Obrador inició hace un año y ocho meses, era difícil imaginar que el régimen que recibió Pemex con deudas que son superiores a sus activos, tendría el atrevimiento de apostar de entrada cinco mil quinientos cincuenta y cinco millones de dólares en el rescate de la paraestatal, o que tuviera la fuerza para doblegar al poder del viejo régimen en el sindicato de la empresa. Sin embargo, el hecho de que la 4T tenga tras las rejas a quién fue Director de Pemex en tiempos de Peña Nieto, con la posibilidad de esclarecer Odebrecht y algunos otros casos de corrupción, no es suficiente para dotar de viabilidad al proyecto.
El plan de rescate anunciado sobre el particular tiene sentido, porque cualquiera que sea la situación actual de Pemex, su rehabilitación es obligada. Pemex no puede cerrar la cortina de un día para otro, como si se tratara de una miscelánea de barrio en bancarrota. Su venta es impensable porque implicaría un golpe histórico de timón en el control de la riqueza petrolera de México, que el Gobierno de López Obrador ni ningún otro Gobierno del origen partidista que fuere se puede permitir.
Los analistas financieros menos exigentes, opinan que para el rescate de Pemex con vista al año 2024, se tendrían que inyectar a la empresa diez y siete mil millones dólares es decir, el triple de lo que el Gobierno ha anunciado que invertirá en el arranque. Para responder al razonable escepticismo que suscita el anunciado plan de rescate, la semana pasada López Obrador estableció las líneas generales de su estrategia, que implica en forma simultánea reducir la carga fiscal de la paraestatal y la inversión directa, aunque no está claro de dónde saldrán los recursos para llenar el hueco que ocasione en el Presupuesto Federal la reducción anunciada, ni el origen de los recursos destinados a la inversión directa.
Los objetivos del Gobierno consisten en que para el final del sexenio, Pemex aumente su producción actual que es de 1.6 millones de barriles diarios de petróleo, a 2.6 millones, con el añadido de que para entonces estaría funcionando la Refinería Dos Bocas, de lo que se espera la reducción de la importación de gasolinas. El anuncio de López Obrador no ofrece detalles esenciales como son las medidas para estabilizar los bajos precios que hace tres meses llevaron a los países petroleros a reducir su cuota de producción, a raíz de la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita, ni para enfrentar otras eventualidades del mercado que depare el futuro inmediato.
Lo más desconcertante es que es que el Gobierno mantiene su rechazo a la inversión privada nacional y extranjera, lo que podría resolverse con una rectificación al respecto, mediante una alianza estratégica con los Estados Unidos. Lo anterior es posible, como lo indica la estrecha afinidad del Gobierno de López Obrador con la política energética del vecino país, que se manifiesta en la hostilidad de la 4T a las inversiones europeas en materia de energías renovables, y en el apoyo brindado por los Estados Unidos, cuando el pasado mes de abril asumieron la reducción de la cuota de México en el mercado mundial, impuesta por la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP).
Esta posibilidad constituye un reto al concepto tradicional de lo que hemos considerado soberanía nacional y parece muy lejano que un Gobierno que se dice de izquierda, quisiera concertar con los Estados Unidos una alianza de tal naturaleza y tamaño. No podemos adivinar el futuro, pero podemos esperar cualquier sorpresa.
