El miércoles pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer su Programa Sectorial y no dejó de sorprender a propios y extraños el hecho de que, aunque dicha dependencia de la Administración Pública Federal reconoce la relevancia de actuar de manera impostergable para combatir el cambio climático, contradictoriamente defendió en el mismo documento al petróleo como un "recurso estratégico". Lo anterior, sería más que comprensible si viniera de la Secretaría de Energía (Sener), pero viniendo de Semarnat, simple y sencillamente no se entiende.
¿Cómo entender que un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales exprese en su Programa Sectorial el que, ante el contexto actual del país, la defensa del petróleo se vuelve un elemento estratégico para la sustentabilidad nacional? Y expresa textualmente lo siguiente: "Frente a los retos y amenazas que se viven en el plano internacional, la defensa del petróleo como un recurso estratégico se vuelve una base necesaria para la construcción de la sustentabilidad del país, y también para la construcción de una transición energética con inclusión social".
Al respecto, vale la pena comentar que no obstante mencionar el Plan Sectorial a la transición energética es algo que México ya había iniciado favorablemente años atrás y que en buena medida se va a ver frenado o disminuido en función de que el Gobierno del presidente AMLO va en contrasentido no solo de lo que ya se venía haciendo en México por ejemplo en el tema de energías renovables, sino también en contracorriente a lo que la comunidad internacional exige cada vez con más fuerza y sustento: depender cada vez menos de los combustibles fósiles y transitar gradual y paulatinamente a las energías renovables.
Pero en México no vamos transitando hacia este esquema, sino todo lo contrario. Algunos ejemplos ilustran lo anterior. La Sener y Pemex impulsan con fuerza la construcción de una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, así como posiblemente una más en el estado de Campeche y la reconfiguración de otras cuatro que operan hoy en día en el país a medio gas. Por si lo anterior no fuera suficiente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa la construcción y rehabilitación de carboeléctricas en el norte del país. Lo anterior, implicará mayores emisiones de gases de efecto invernadero, mayor contribución de México al calentamiento global y daños a la salud de las personas y al medio ambiente del cual todos dependemos.
No solo eso, sino que, además, el que México impulse refinerías y carboeléctricas y trate de hacer a un lado a las energías renovables trae consigo incumplimientos jurídicos por parte del Estado mexicano tanto en el contexto nacional como internacional. En el plano local, se estaría incumpliendo con la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética que entre otras cosas nos obligan a llegar al año 2024 con 35 % de generación de la energía vía renovables. A nivel internacional, vamos a incumplir con el Acuerdo Marco de la ONU sobre Cambio Climático de 1992, en el cual los países nos comprometimos a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, y con el Acuerdo de París del 2015, donde México hizo sus Contribuciones Nacionales.
Es innegable que el petróleo es un recurso que ayudó en su momento al desarrollo nacional en un contexto en el que no se tenía la certeza científica ni las evidencias de su impacto ambiental. Al día de hoy, tenemos la evidencia científica y empírica de los daños derivados de su utilización; no nos podemos permitir fomentar modelos de desarrollo ignorando la realidad que nos demanda a transitar a modelos verdaderamente sustentables, donde ni el extractivismo ni los megaproyectos tienen cabida.
No podemos tampoco consentir que se haga uso de instrumentos de política pública, como lo es el Programa Sectorial de Medio Ambiente, para la defensa de ideologías anacrónicas cuyo resultado traerá como consecuencia el deterioro de la salud y la calidad de vida de las personas bajo la excusa del crecimiento económico.
*Director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
