Los abogados acusaron en la videoconferencia a un funcionario de la Conade de tratar de sobornarlos con diez millones de pesos, a través de un intermediario, para que detuvieran las denuncias en contra de Guevara. (ARCHIVO)
La Secretaría de la Función Pública (SFP) negó que alguno de sus funcionarios se vaya a reunir el miércoles con los abogados Jesús Chaín y Rafael Sánchez, quienes afirmaron que sostendrían una junta con miembros de dicha secretaría para hablar sobre el caso de su cliente, el empresario Carlos Solórzano, quien a su vez acusa a Ana Guevara de extorsionarlo por el contrato de adjudicación directa del abastecimiento de los comedores de la propia institución.
"Hasta el momento, ni la secretaria Irma Eréndira Sandoval, ni nadie del organismo tiene pactado una reunión con ellos el miércoles", dice una fuente que pidió anonimato, de la propia SFP. "Tampoco tienen una junta en otro día de la semana, ni próximamente".
Chaín y Sánchez enfatizaron, en una videoconferencia el martes a mediodía, que sostendrían una junta mañana con funcionarios de la SFP y que buscaban que incluso los atendiera Sandoval. "No podemos revelar la ubicación de la junta, por cuestiones de seguridad. Sin embargo, se los habremos saber a la prensa", dijo Sánchez.
Los litigantes también afirmaron que declararon en la SFP y que a raíz de sus declaraciones se abrió una nueva observación de esa secretaría con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
"No es así. Lo que sucedió es que a raíz de sus testimonios y su información que presentaron, estos datos nutrieron una investigación que ya estaba previamente abierta", agregó la fuente.
Los abogados acusaron en la videoconferencia a un funcionario de la Conade de tratar de sobornarlos con diez millones de pesos, a través de un intermediario, para que detuvieran las denuncias en contra de Guevara.
Sin embargo, no dieron detalles del nombre del directivo de la Comisión porque, según ellos, podrían entorpecer la investigación.
Chaín y Sánchez fueron atacados a balazos el pasado 10 de junio, en un atentado en el que también responsabilizaron a Guevara Espinoza.
Los abogados acusaron en la videoconferencia a un funcionario de la Conade de tratar de sobornarlos con diez millones de pesos, a través de un intermediario, para que detuvieran las denuncias en contra de Guevara. (ARCHIVO)
