El sistema democrático que hoy tenemos ha sido un proceso complejo lleno de múltiples reformas que han ido consolidando un marco normativo que hoy permite garantizar elecciones libres y pacíficas, independientemente de quien ostente el poder como sucedió en 2006 con el arribo del PAN a la presidencia de la República, en 2012 con el regreso del PRI y, en 2018, con Morena.
La historia de nuestro andamiaje electoral es larga y parto de un momento clave: el proceso electoral para renovar al Ejecutivo Federal de 1988. En esta elección participaron como candidatos Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por la alianza denominada Frente Democrático Nacional, y Manuel Clouthier por el PAN. El resultado no convenció a nadie y se acusó de fraude, entre otros aspectos, por la caída de un sistema que daría los resultados preliminares de tan esperada elección. Quien presidía a la entonces Comisión Federal Electoral era el Secretario de Gobernación en turno, que en esa época era Manuel Bartlett Díaz.
Muchas voces se alzaron y se manifestaron para exigir la nulidad de la elección, pero a pesar de la gran lucha social que libró principalmente la izquierda, Salinas de Gortari tomó posesión de su encargo. Sin embargo, fue tal la presión política que, entre las primeras acciones que instrumentó su administración fue la recomposición de todo el sistema electoral.
Se crea con una nueva legislación electoral el otrora Instituto Federal Electoral con múltiples atribuciones y funciones que han servido de base para lo que ha ido consolidando el Instituto Nacional Electoral creado con la reforma Constitucional de 2014.
Debemos reflexionar sobre las exigencias de la izquierda de esos años: no al fraude electoral, una institución electoral ciudadana (sin la injerencia del gobierno ni de partidos) y reglas claras.
Por ello, preocupan los embates que el Ejecutivo ha hecho en los últimos días contra el INE principalmente por el costo que, a su decir, implica una institución como esta y, segundo, porque refirió que no garantiza elecciones limpias indicando que se convertiría en el guardián de las elecciones.
Sobre el presupuesto que representa la autoridad electoral hay que insistir en el altísimo financiamiento que se otorga a los partidos tanto dentro como fuera de un proceso electoral y por doble partida, tanto federal como local. Aquí está una de las claves para abaratar los costos electorales.
Otro aspecto importante sería apostar por la tecnología justo apoyando los proyectos del uso de tecnologías como la implementación de la urna electrónica o bien, la utilización del internet para permitir y facilitar que los mexicanos residentes en el extranjero voten por sus distintas autoridades.
Si existen inconformidades por los resultados electorales, la vía jurídico institucional es también robusta y compleja y, finalmente y de acuerdo con lo mandatado por el artículo 41, es justamente el INE quien, como organismo autónomo, organiza las elecciones. No regresemos al pasado y aprendamos de la historia.
Sin embargo, siempre queda y quedará abierta la ruta para cambiar la normativa electoral si se considera que es importante, pero para ello, el camino institucional es la Cámara de Diputados que, aunque en estos momentos y ante la proximidad de las elecciones federales y locales de 2021 ya no es posible, sería bueno hacer un análisis profundo para la elección de 2024.
En razón de esto, la dirección que debe imperar en nuestro país ante altos índices de inseguridad, problemas en nuestra economía y, por la problemática ante la pérdida de empleos principalmente por la pandemia por el COVID-19 que no alcanza a domarse, es buscar la unión, no la división.
No hay mejor campaña que los resultados de un gobierno en razón de las demandas de la población.
Analista político
@fdodiaznaranjo
