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Desplante de cinismo

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictada la semana pasada, que declara contraria a la Constitución la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, cuestiona al gobierno de Miguel Riquelme, como artífice de la referida Ley. La resolución fue dictada en una controversia iniciada el 7 de diciembre de 2018, cuya promoción fue un parteaguas que dividió a la mayoría de diputados locales de oposición en el Congreso Local; nueve de ellos impugnaron la Ley, y el resto pasaron a ser aliados del Ejecutivo Estatal.

Al Magisterio de Coahuila se le descuenta el diecinueve por ciento de su salario por concepto de Servicio Médico, lo que significa el doble del promedio que pagan los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además del descuento salarial básico, la Ley contenía disposiciones hoy dejadas sin efecto, que obligaban a los maestros a cubrir el costo de una parte de las medicinas y del servicio hospitalario en cada evento (copago), y los sujetaban a pagar otras cantidades extras en planes de protección adicionales, y para integrar un fondo de garantía, destinado a cubrir adeudos de los derechohabientes en caso de fallecimiento.

La expedición de la Ley injusta en comento es un agravio para los maestros de los niños y jóvenes de Coahuila, que tiene su raíz en la mega deuda contraída en tiempos de Humberto Moreira, que ha sido objeto de reiterada consolidación y garantía de impunidad, por los gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Riquelme. En contrapartida, ninguno de tales gobiernos aclaran cual fue el destino de los recursos obtenidos, ni han movido un dedo para llevar a la justicia a los responsables de haber endeudado al Estado de modo fraudulento, falsificando documentos del Congreso Local.

Con base en los antecedentes citados, el lamento de Riquelme en el sentido de que su gobierno carece de recursos para garantizar el derecho a la salud de los profesores de la entidad, es un desplante de cinismo. La falta de acciones tendientes a investigar los delitos cometidos en el origen de la deuda y en el desvío de los recursos obtenidos, así como la política de echar el costo del entuerto sobre las espaldas de los coahuilenses por tres generaciones, hacen de Riquelme, cómplice, copartícipe, encubridor y beneficiario de los crímenes del moreirato.

El calificativo de criminal aplicado al proceder de los gobiernos priístas de Coahuila desde Moreira Humberto hasta nuestros días, no es exagerado. De un adeudo inicial estimado en treinta y seis mil millones de pesos en 2011, los coahuilenses hemos pagado treinta y cinco mil millones de pesos al servicio de la deuda (intereses y comisiones); al día de hoy debemos treinta y siete mil cien millones de pesos, y lo más grave es que la opacidad en el manejo de los recursos públicos, continúa en el actual sexenio.

El PRI de los Moreira se atiene a la impunidad comprada, a la falta de memoria de la ciudadanía y a la posibilidad de que prescriban los delitos cometidos es decir, que se extinga el derecho de persecución, por el simple transcurso del tiempo. En tal escenario, la pretensión de Miguel Riquelme de encabezar un movimiento de Gobernadores, que exige al Gobierno Federal un mejor trato en el reparto de recursos fiscales, descalifica una bandera razonable, que en manos de Riquelme está destinada al desprestigio.

La receta para los Coahuilenses es inequívoca; en estados como Chihuahua y Veracruz que sufrieron gobiernos locales priístas de estilo semejante al de los Moreira en fechas coincidentes, la ciudadanía reaccionó y arrojó del poder al PRI. El arribo de nuevos gobiernos hizo posible la recuperación de una parte del patrimonio público robado, y hoy día existen procedimientos penales en contra de los gobernadores corruptos en ambos estados; en el caso de Veracruz Javier Duarte está preso y en el caso de Chihuahua, César Duarte se encuentra en condición de fugitivo.

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