La fracción parlamentaria de Morena presentó la semana pasada, una iniciativa orientada a desaparecer 44 fideicomisos públicos y modificar el funcionamiento de otros cuatro. El objetivo planteado es, por un lado, contar con mayores recursos para afrontar la crisis económica, política y social derivada de la pandemia COVID-19. Por el otro, eliminar una supuesta fuente de corrupción.
Los fideicomisos públicos han estado bajo la mira de la actual administración. Son la bruja que hay que quemar. La Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en noviembre de 2019, mandató un análisis sobre la eficacia y eficiencia de los fideicomisos para poder hacer una purga y elaborar el presupuesto de 2021.
Sin contar aún con datos públicos sobre este análisis, a principios de abril, un decreto presidencial volvió a colocarles la letra escarlata. En teoría se salvaron los que probaron su existencia por mandato de ley y los que cumplen con obligaciones laborales. Sin embargo, a la fecha no se sabe qué fideicomisos están en la lista negra, cuáles habrán de extinguirse, cuáles serán los procedimientos y de qué montos estamos hablando.
La última iniciativa vuelve a la carga y considera, además, reformar 14 leyes. En una misma canasta se coloca a fideicomisos que promueven la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología; a los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; al sector agropecuario; a los migrantes y a los recursos que se requieren para enfrentar desastres naturales. Se propone su extinción sin considerar los efectos y derechos que serían vulnerados.
Según un estudio del Inai, al cuarto trimestre de 2019, existían 384 fideicomisos y fondos públicos que están sujetos a mecanismos de control, transparencia y fiscalización. Nada de esta información pública es incluida en la propuesta y sí en cambio, supuestos que parten del prejuicio y de supuestos normativos obsoletos.
Los fideicomisos públicos no son malos en sí mismos. Cuando cumplen con la normatividad vigente, son instrumentos que permiten generar, maximizar y vigilar el destino de recursos públicos y privados a través de comités técnicos que los gestionan.
En el caso de los Centros Públicos de Investigación los fideicomisos otorgan flexibilidad para operar fondos dedicados al conocimiento y a la ciencia. El patrimonio de los mismos no proviene de recursos públicos sino de aportaciones de fundaciones, organizaciones y proyectos que fomentan la formación y el saber. Ayudan a salvaguardar la autonomía y libertad que se requiere en cualquier centro que genera ideas.
Eliminarlos sin conocer las razones y los fines para los cuales fueron creados no ayuda a combatir la corrupción. En cambio fomenta la opacidad, diluye la responsabilidad pública y limita cualquier ejercicio de rendición de cuentas.
El gremio cinematográfico fue el primero en reaccionar ante la iniciativa de Morena. Por el momento se decidió posponer la discusión y abrir un proceso de Parlamento Abierto que corre el riesgo de servir para legitimar una decisión ya tomada.
Como si esto no bastara, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruyó la reducción del 75 por ciento del gasto operativo de toda la administración pública federal lo cual impacta la labor de todos los Centros Públicos de Investigación.
Con menos glamour del que puede otorgar la fama de un Oscar, la comunidad científica ha alertado sobre los efectos desastrosos de las medidas para el futuro de la investigación. Justo cuando requerimos innovación, talento y políticas públicas basadas en evidencia, se da un machetazo a la ciencia.
