El acuerdo de reapertura de los Juzgados y Tribunales decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila la semana pasada, ha generado un debate entre los abogados de nuestra región, a partir de opiniones divididas en virtud de las cuales, unos apoyan el reinicio de las labores y otros piden que se vuelvan a suspender, hasta que se garantice la salud de abogados y justiciables.
El debate revela un fondo en el que todos estamos de acuerdo, en el sentido de que el aparato de impartición de justicia debe operar, lo que exige la reapertura de Juzgados y Tribunales. La diferencia se reduce a determinar el momento en que deban reanudarse las labores y en orden a tal diferendo, debe reconocerse que la función jurisdiccional nunca debió restringirse, por tratarse de una actividad esencial, que de un primer nivel de importancia en la vida diaria de los ciudadanos, trasciende hasta la misma razón de ser del Estado.
El cierre se decretó sin una reflexión previa, y nunca tuvo sustento legal, ya que la administración de justicia es una obligación del Estado correlativa del Derecho a la Justicia de todo gobernado, que es un derecho humano fundamental reconocido por el artículo 17 de la Constitución de la República. La suspensión restrictiva del derecho a la justicia, solo pudo decretarse en términos del artículo 29 de la Constitución Federal, mediante una ley discutida y aprobada por el Congreso de la Unión, a iniciativa del Presidente de la República y en consecuencia, el cierre de Juzgados que fue decretado hace dos meses en Coahuila, es inconstitucional.
Las malas decisiones que originan el debate en comento son culpa de nuestras autoridades locales, que después de haber empleado el argumento de la pandemia para cerrar, ahora ordenan la reapertura a pesar de que el contagio continúa, y de que el COVID-19 es un virus con el que tendremos que vivir en el marco endémico de una nueva normalidad. Después de dos meses de holganza, los Magistrados del Tribunal ordenan reiniciar labores, pero las medidas sanitarias que imponen para la reapertura tienden a provocar mayor aglomeración de personas, que la que hubo antes de la emergencia.
Basta decir que en el edificio judicial ubicado en Diagonal Las Fuentes existen tres puertas; en vez de usarse dos de ellas para trazar un circuito con entrada y salida, y utilizar la tercera para uso del personal oficial, se clausuraron dos puertas y se utiliza una sola para entrar y salir, generando un mayor riesgo de contagio. Otro error que genera mayor aglomeración, consiste en que de una batería de ocho módulos destinados a la presentación de escritos, se cancelaron cinco con el argumento de la sana distancia, cuando el problema se resuelve separando los módulos de atención con mamparas de acrílico de bajo costo.
La emergencia sanitaria ha revelado carencias con las que los abogados hemos lidiado siempre, que se agravaron de manera creciente durante los gobiernos del Moreirato hasta el día de hoy, en que la emergencia sanitaria hace crisis. Ejemplo lo encontramos en el notable atraso de la justicia digital, respecto a la cual año con año se programan cuantiosos recursos que no llegan a su destino, lo que tiene como resultado que los abogados no utilicen el sistema, porque ha sido tan ineficiente y poco amigable, que es más práctico seguir acudiendo a los juzgados de modo presencial.
Los sistemas digitales no sustituyen el contacto directo que deben mantener los jueces con la realidad objeto de su conocimiento y con los justiciables de carne y hueso, pero almacenan y procesan la información de los expedientes que en gran volumen se atienden, y la ponen a disposición de los interesados en línea, reduciendo la presencia física en tribunales. Se pueden desahogar algunas audiencias por videoconferencia, y el contagio en audiencias presenciales, se previene obedeciendo las indicaciones sanitarias de sana distancia, uso de mascarillas, etcétera.
Para reducir la presencia en los Juzgados en Coahuila, no hay que inventar el hilo negro; basta administrar bien los recursos, en especial los destinados a la justicia digital, e imitar al Poder Judicial Federal en temas elementales como el formato de listas de acuerdos, que al contener un resumen de lo resuelto reducen el acceso a los expedientes físicos; o el diseño de las ventanillas de notificación orientadas al exterior de los Juzgados de Distrito, en las que se atiende a los interesados uno por uno. Ambos son sistemas sencillos que no representan costo adicional, que en los Tribunales Federales operan desde hace décadas.
