El jueves 21 de mayo, corrió la noticia de que en Ceballos, municipio de Mapimí, Durango, un brote de COVID-19 en catorce de 700 trabajadores de una planta de energía solar obligó a la suspensión temporal de obras de construcción. Los obreros fueron enviados a cuarentena. ¿El trasfondo? La empresa seguía laborando haciendo caso omiso al decreto federal de contingencia sanitaria por coronavirus, en complicidad de autoridades de gobierno en ese territorio de La Laguna; un ejemplo más de cómo operan algunas empresas de "energías limpias".
En una carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, decenas de organizaciones ambientalistas manifiestan su desacuerdo con la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía el viernes 15 de mayo. Le piden al mandatario que revoque ese instrumento de política pública "que pone en entredicho el respeto al derecho humano a un ambiente sano, a la salud y al desarrollo sustentable, obligaciones constitucionales del Estado mexicano".
Advierten que tal política impedirá que México cumpla con sus compromisos internacionales ahora convertidos en ley para contribuir en la lucha contra el cambio climático con la generación de 35 % de su electricidad a partir de fuentes limpias para el 2024, en términos de la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático.
Las organizaciones -entre las que figuran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), la Red de Acción por el Agua México (FanMex) y decenas más-, coinciden en que esta nueva Política de Confiabilidad "contiene muchos defectos en los aspectos ambiental, social, económico, de salud y legal".
Destacan cuatro puntos. Primero.- "Energía renovable sí, ¡pero no a cualquier costo!". Los megaproyectos, dicen, deben respetar derechos humanos, obtener consentimiento libre, previo, informado, culturalmente adecuado y que no desplacen a pueblos originarios ni dañen ecosistemas. "Por el contrario, queremos que se estimulen proyectos de energías renovables a escala, que faciliten a las comunidades producir energía para su propio consumo y se reduzca así la pobreza energética que padece un tercio de los hogares en el país, y se acelere la democratización energética."
Combatir la ilegalidad en donde se detecte, lo mismo en el sector privado que entre funcionarios públicos e instituciones del Estado que no respeten la Constitución, las leyes que de ella emanan y los derechos humanos de la población, para imponer actos de autoridad que van en contra del combate al cambio climático. Esto pasa también por revisar los contratos existentes y establecer un marco jurídico transparente que garantice el pago justo a los propietarios de las tierras y las comunidades.
Cumplir estrictamente con la legislación vigente que exige generar mínimamente el 35 % de la electricidad a partir de energías limpias en el año 2024, así como el compromiso internacional adoptado en 2019 en la Climate Ambition Alliance, para llegar a cero emisiones en 2050.
"Rechazamos cualquier uso del combustóleo, por ser altamente contaminante, dañino para la salud humana y mucho más caro para producir electricidad que las fuentes renovables, lo que podría repercutir en alza a las tarifas que la población terminará pagando, ya sea directamente en su recibo o en recortes presupuestales para actividades prioritarias como salud y educación."
Subrayan que "en México no cabe más el combustóleo. Si la pandemia de COVID-19 nos obliga a atender y fortalecer la salud de las personas, debemos evitar apostar por una fuente que merma la salud de la población y aumenta la vulnerabilidad frente a ella."
Señalan que es obligación del Estado hacer cumplir la Constitución, así como las metas establecidas en la Ley de Transición Energética y en la Ley General de Cambio Climático, ya sea a través de particulares o mediante recursos estatales. "Para eso son imprescindibles las energías renovables y la apuesta por una transición energética respetuosa del medio ambiente y los derechos humanos."
El mismo López Obrador habla de privilegios obtenidos y abusos cometidos. Afirma: la Iniciativa Privada en vez de demandar, debería ofrecer disculpas.
@kardenche
