El acuerdo de la Secretaría de Energía (SENER) publicado en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada, que contiene regulaciones restrictivas a las concesiones para producir energías limpias y renovables en nuestro país, confirma la alianza que existe entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos, en la apuesta por la explotación preferente de combustibles fósiles, a contracorriente de tendencias mundiales que de cara al futuro y con base en tecnología de punta, prefieren las energías solar y eólica.
La postura de Estados Unidos es contraria al Protocolo de Kioto, que contiene un acuerdo internacional suscrito en el seno de la Organización de las Naciones Unidas ONU, que procura reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a las que se les atribuye el calentamiento global. Es cierto que nuestro vecino del norte suscribió el Protocolo de Kioto en 1997 sin embargo, se deslindó de su compromiso en 2013, al negarse a firmar la prórroga de vigencia del referido tratado, lo que implica una decisión en favor de la opción petrolera.
La sintonía de la política energética de México con la de Estados Unidos, se pone de manifiesto en los esfuerzos del gobierno de López Obrador por mantener a flote a Petróleos Mexicanos mediante la inyección de cuantiosos recursos, y la construcción de la Refinería Dos Bocas. Lo anterior es congruente con la participación en bloque de ambos países durante la asamblea de la Organización de Países Productores de Petróleo OPEP celebrada el mes pasado, en la que el Gobierno de Washington asumió como propia la reducción de la cuota de producción que correspondía a México, en un esfuerzo por estabilizar los precios del crudo a nivel mundial.
Resulta explicable que el acuerdo en comento haya causado gran inquietud entre los inversionistas de la Unión Europea, que en su momento respondieron a la apertura del sector energético, convocada por el Gobierno Mexicano en tiempos de Peña Nieto. La fuerte reacción europea y el repudio que recibió el acuerdo de la SENER en amplios sectores de la sociedad mexicana, contrasta con la calma con la que el Wall Street Journal, lo calificó como una medida que pospone la utilización de energías limpias y renovables en nuestro país.
Lo que ocurre lleva a recordar el Tratado de Bucareli, acuerdo diplomático entre México y los Estados Unidos celebrado el 13 de agosto de 1923, como condición para que el Gobierno de Washington reconociera al general Álvaro Obregón, como presidente legítimo de nuestro país. El Tratado de Bucareli contiene las reglas de indemnización pactadas en favor de ciudadanos y compañías de Norteamérica afectadas por daños económicos sufridos con motivo de la Revolución Mexicana y en especial, respecto a pérdidas en fincas agrícolas y explotaciones petroleras.
El Tratado de Bucareli no llegó a ser ratificado por ninguno de los Congresos de los países involucrados sin embargo, con motivo de su aplicación la Suprema Corte de Justicia de México concedió un amparo a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos, que les dio un respiro de quince años para mudar sus inversiones petroleras a Venezuela. Entre tanto, el artículo 27 de la Constitución de 1917 que declara al Estado Mexicano propietario del petróleo que existe en el subsuelo de su territorio, se aplicó de inmediato en contra de los inversionistas europeos.
Esta forma selectiva de impartir justicia que se explica en el marco de la Doctrina Monroe que reza: América para los americanos, dio fundamento a la sospecha de que el Tratado de Bucareli contenía cláusulas secretas, en las que México se obligó a no realizar investigación tecnológica incluida la energética, y a no fabricar maquinaria de precisión, con lo que el desarrollo industrial de nuestro país, quedó supeditado a los planes estratégicos de los Estados Unidos. Lo anterior dio origen a una controversia que hasta hoy divide a los historiadores; algunos están convencidos de la existencia del pacto secreto y para otros, se trata de una leyenda negra.
Sin embargo la experiencia indica que la falta de investigación tecnológica es una constante en nuestra historia patria, tanto por lo que hace al sistema educativo nacional, como a las políticas públicas relativas al fomento de ciencia y tecnología. Las carencias referidas y la hostilidad a la inversión extranjera se acentúan en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, lo que confirma que a despecho del discurso de izquierda, seguimos gravitando en la órbita imperial de los Estados Unidos.
