El Diario Oficial del lunes pasado anunció al país la decisión presidencial de encomendar a las fuerzas armadas labores de seguridad en combinación con la Guardia Nacional, elemento creado hace 17 meses. La participación del ejército se fundamenta en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que permite al Presidente disponer de los militares en este tipo de tareas, en tanto la Guardia Nacional fortalece su estructura. Dichas actividades comprenden la prevención del delito, el restablecimiento del orden, detención de personas y operativos conjuntos. La disposición queda vigente hasta el 27 de marzo de 2024.
El paso dado ha sido interpretado por muchos sectores de la opinión pública como un lamentable retroceso hacia modelos castrenses propios de regímenes totalitarios.
Es necesario tomar en cuenta los diversos factores que confluyen en la difícil coyuntura en que se encuentra México, que además de una profunda recesión económica que sufre el contagio internacional, viene padeciendo oleajes cada vez más intensos de violencia provocada por las acciones del crimen organizado que afecta la vida prácticamente de toda la población.
Hace unos días se registró el número más alto de asesinatos no sólo de civilices, incluyendo la delincuencia, sino de militares que intentaban controlar la violencia callejera. La fama de México a nivel internacional está por los suelos con casi 100 muertes diarias. En efecto, en solo el pasado mes de marzo la cuenta fue de 3000, más 78 feminicidios situando a nuestro país por encima de países de mayor población como Brasil o la India.
El régimen actual se inauguró con la solemne promesa de que nunca se echaría mano del ejército como lo habían hecho las dos administraciones anteriores. López Obrador particularmente censuraba la administración de Calderón. AMLO señalaba que la violencia no podía combatirse con más violencia y se comprometía a combatirla sin recurrir a las armas.
La preocupación rebasó el contorno nacional. La acción mafiosa sin control eficaz enlazaba no sólo las Américas, sino que lanzó sus redes a Europa y hasta Rusia.
La inseguridad a que se ha llegado ya entorpecía desde mucho antes de la pandemia de coronavirus las actividades industriales y económicas del país. El gasto en servicios de seguridad y pago de cobros de "protección" erogado por empresas ha venido en constante aumento hasta el grado de incorporarlo como un elemento importante dentro de los presupuestos públicos y privados.
Secuestros a la orden del día, violencia, asaltos a tiendas de conveniencia y a transportes de mercancías, que afectan ya las cadenas productivas vitales para el comercio exterior y el abasto y distribución indispensable de artículos de primera necesidad. Estos hechos han venido a incrementar las pingües ganancias de las empresas especializadas en blindajes y servicios de seguridad que han proliferado en esta otra pandemia. Se calcula que el gasto en servicios de seguridad es al menos 1% del PIB.
El problema no se resolverá ni con la denuncia cada vez más frecuente de los hechos de sangre, ni tampoco con la buena intención en que se refugia el discurso presidencial que llama a la cordura, sensatez e instintos fraternales de paz, dirigidos a los capos de las mafias que no cesan de reclutar adeptos entre los adolescentes en busca de ganancias rápidas. La urgencia de remediar la situación ha contrastado cada vez más ante la ineficacia de las policías y servicios de seguridad de todo tipo y más lamentablemente de la Guardia Nacional que ya cuenta con 80,000 elementos dejó sin protección alguna a la población envuelta en una inseguridad creciente. Es más que evidente la necesidad de frenar en seco el avance de este proceso.
El Decreto presidencial de esta semana disponiendo la acción directa de las fuerzas armadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es la única opción lógica para responder a la urgente necesidad de dar seguridad a todas la actividades económicas, académicas y culturales de la sociedad mexicana en su conjunto.
Las voces que se han opuesto a esta medida se han centrado en calificar la decisión presidencial como una muestra de militarización del país y la pérdida de toda esperanza de vida democrática. Han insistido, asimismo, en señalar los incidentes de abusos de las fuerzas armadas, donde no han faltado las alusiones a los crímenes como Ayotzinapa u otros casos, ninguno de los cuales son aceptables dentro de los cánones del honor militar.
A los que claman a voz en cuello por el respeto de los derechos humanos que consideran atropellados con la mera presencia de las fuerzas armadas habrá que decirles que los derechos de la colectividad nacional están por encima de las garantías individuales y, desde luego, anteriores al derecho de los criminales y delincuentes a un juicio justo.
Es más importante el derecho a la vida y a la paz, que el derecho a delinquir.
La decisión tomada esta semana de recurrir a las fuerzas armadas, fue como sucedió en administraciones anteriores, la única opción válida para combatir a un enemigo ampliamente equipado. La ingenuidad de AMLO de esperar resultados efectivos y tangibles esgrimiendo solo valores evangélicos, ha dañado profundamente su respetabilidad nacional e internacional. Había que enderezar la estrategia.
