La resolución dictada el lunes pasado por el Tribunal Constitucional de Coahuila, que declara apegado a la Constitución el Decreto del gobernador Miguel Riquelme, que contiene las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus, es un extraño ejercicio que constituye un engaño y una manipulación, que la sociedad coahuilense no merece.
Una cosa es que por acuerdo no escrito entre Estado y Sociedad, los coahuilenses hayamos asumido en mayoría la observancia del Decreto en forma libre y voluntaria, en aras del bien común valorado como un bien superior a la estricta legalidad; y otra cosa es que en la coyuntura del COVID-19, el habitante del Palacio Rosa en complicidad con el Tribunal Constitucional del Estado, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila CDHEC, monten un teatro que sirve de elogio a la propia gestión, y para justificar la existencia de instituciones inútiles.
En efecto, el decreto mencionado viola el artículo 29 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que reserva como facultades exclusivas del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión, las de iniciar, discutir y aprobar las leyes que suspendan o restrinjan las garantías individuales o derechos humanos de los gobernados, en emergencia por causa de epidemia, o trastorno grave de la paz pública. En el caso en comento, el decreto de que se trata restringe los derechos humanos de los niños a la educación escolar, y el de los adultos al libre tránsito y a la libertad de trabajo.
La simulación consiste en que frente a los cuestionamientos hechos por el alcalde de Torreón y diversos diputados de oposición, en el sentido de que el Gobernador explique el concepto de "actividades esenciales" que permite realizar el Decreto y precise los alcances de las restricciones ordenadas, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, impugna el Decreto frente al Tribunal Superior de Justicia erigido en Tribunal Constitucional, mediante una demanda tan tibia, tan débil y tan mal hecha, que revela que el procedimiento es una comedia.
Acto seguido, el Tribunal Constitucional resuelve declarando que el Decreto se apega a la Constitución y respeta los Derechos Humanos de los gobernados, sin analizar que en el caso se hayan cumplido los requisitos exigidos por el artículo 29 de la Constitución de la República, y sin estudiar ni la naturaleza ni los alcances de las restricciones concretas a los libertades ciudadanas que el Decreto contiene. Lo anterior es una falta de respeto a la inteligencia de los coahuilenses.
Pese a las graves carencias señaladas, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos publica un comunicado celebrando la resolución adversa a la función que desempeña y en forma obsequiosa y sumisa dice reconocer "en las autoridades jurisdiccionales, la buena disposición…". El funcionario termina con un elogio para sí mismo diciendo: "Este ejercicio legal es muestra clara del firme compromiso de la CDHEC…". La actitud festiva y autocomplaciente del funcionario es semejante a la del abogado que después de perder el pleito, dice a su cliente: Perdimos el caso, pero tuviste el honor de ser condenado por un gran tribunal, y el gusto de ser representado por el mejor defensor del planeta.
El aprovechamiento de la pandemia para la promoción de la imagen del Gobernador como campeón de la legalidad, es un ultraje a los coahuilenses que padecemos los rigores de la cuarentena y que nos preguntamos para qué sirven las instituciones involucradas. En el caso también se pone de manifiesto el absurdo que implica la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Coahuila, cuyo artículo 2 sostiene de manera increíble que en su actuación como Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia "sólo está sometido a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y a las leyes que de ella emanen…", lo que al dejar de lado a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y desconocer la supremacía de la Constitución Federal sobre la Constitución Local, implica un delirio separatista que da pena.
Es lamentable que instituciones tan costosas como son el Tribunal Constitucional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo funcionamiento se paga con el dinero de los contribuyentes, en lugar de fortalecer al Estado de Derecho y a la protección de los Derechos Humanos, sean elefantes blancos que solo sirvan como elementos de propaganda política y promoción de imagen. Mucho falta por hacer en Coahuila en materia legislativa, para lograr que la Ley funcione como garante de las libertades ciudadanas, en lugar de que sea utilizada para halagar al gobernador en turno.
