La FARC pidió al Gobierno 'aclarar lo sucedido, incluyendo responsabilidades políticas'. (ARCHIVO)
El partido FARC recriminó este sábado una nueva operación de espionaje masivo del Ejército colombiano contra al menos 130 personas mediante herramientas informáticas entre febrero y diciembre de 2019, revelada este fin de semana por la revista Semana.
A través de un comunicado, la colectividad cuestionó que periodistas, investigadores sociales y políticos hayan "sido blanco de seguimientos y hostigamientos por parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia militar", mientras que los líderes sociales y los excombatientes se encuentran sin protección.
"Llama poderosamente la atención que mientras los líderes sociales y exguerrilleros se encuentran en total desprotección, los organismos de inteligencia militar se ocupen de indagar como 'blanco legítimo' a periodistas nacionales y extranjeros", dijo la colectividad que nació tras la firma del acuerdo de paz entre la antigua guerrilla y el Gobierno en 2016.
En la comunicación, la FARC pidió al Gobierno "aclarar lo sucedido, incluyendo responsabilidades políticas" y aseguró que "los entes de control deben garantizar la transparencia en las investigaciones".
El partido también condenó los seguimientos informáticos con los que, según Semana, el Ejército construyó perfiles de los afectados que incluyen gráficos sobre sus contactos, movimientos, trabajos periodísticos e incluso sobre sus seguidores en las redes sociales.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
La revista Semana asegura en su investigación que más de un centenar de personas fueron víctimas de seguimientos informáticos, entre ellas periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno.
Sin embargo, el foco de los seguimientos está puesto en la prensa, en especial en corresponsales de medios estadounidenses, como el periodista Nick Casey de The New York Times.
Ante la denuncia, el presidente colombiano, Iván Duque, subrayó que su Gobierno no tolerará "a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley" y por eso encargó a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, una "rigurosa investigación de las labores de inteligencia de los últimos 10 años".
Horas después, Trujillo aseguró que la denuncia realizada por la revista "es de inmensa gravedad" y pidió a la Fiscalía y la Procuraduría "que se aplique toda la prontitud posible y el rigor necesario para conocer la totalidad de la verdad sobre estos hechos".
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), por su parte, exigió al Gobierno explicaciones públicas sobre el origen y el propósito de estos seguimientos "para asegurarse de que cesen estas prácticas dentro de la fuerza pública".
