La pandemia de COVID-19 ha expuesto riesgos no previstos en el proceso de la globalización. Las cadenas globales de producción se han visto interrumpidas por el cierre parcial y total de ciudades; mientras que las economías avanzadas nunca pensaron que dejarían de asegurar los insumos e implementos requeridos para salvar vidas a las víctimas del mortífero SARS-CoV-2. Las debilidades en los sistemas de salud pública se han hecho evidentes. Cuando más se le requiere, la coordinación entre niveles de gobierno ha estado a punto de romperse. Nuestras redes de protección social aún necesitan construirse hasta lograr que toda la población acceda auténticamente a servicios de salud de calidad. Aún estamos a años luz de disponer de mecanismos efectivos y suficientes para hacer frente a choques externos. A esto último dedico este artículo.
Con envidia de la buena y frustración escuchamos de los gobiernos de las economías avanzadas el anuncio de grandes paquetes de apoyo, como reducción y diferimiento de impuestos, así como de transferencias directas con cargo a la deuda pública, a trabajadores, micro-pequeñas y medianas empresas. La pregunta natural: ¿por qué en México no los tenemos?
Independientemente de si puede o no encontrarse el espacio, la respuesta simple es porque como país no hicimos y no hemos hecho la tarea, o está lejos de concluir. La hacienda pública del Estado mexicano es hoy más débil que nunca. Y COVID-19, junto con una guerra por incrementar participación de mercado en la colocación de petróleo crudo, la ha desnudado por completo. La debilidad proviene por haber dependido en exceso de ingresos no recurrentes y no renovables, así por no haber transformado esos flujos en activos productivos.
Desde 2004, cuando México obtuvo la mayor producción de petróleo (3.83 millones de barriles diarios), la hacienda pública mexicana inició la crónica de su debilitamiento. No obstante, los altos precios del petróleo y su senda al alza impulsada por la demanda del crecimiento de las economías asiáticas, crearon una ilusión colectiva que evitó tomar las medidas correspondientes.
Aún la Gran Recesión de 2008-2009 no fue suficiente para despertar del sueño del auge petrolero. Para hacerle frente a la caída de la economía, el gobierno federal inició un ciclo de expansión del gasto público que no se había visto en los últimos años. El déficit primario sin ingresos petroleros llegó a -7.3% del PIB. Además, había amplios márgenes de maniobra que hoy no existen: I) el cociente de deuda a producto interno bruto (PIB) era menor al 29%, incluso la deuda externa del gobierno federal equivalía a sólo 3.9% del PIB; II) disponibilidad de ahorro público acumulado en los fondos de estabilización desde la administración anterior, y III) se benefició de tasas de interés muy bajas.
Entonces ¿qué pasó, dónde y cuándo se perdió el control? Después de la Gran Recesión, los precios del petróleo tuvieron una recuperación sin precedentes. La Mezcla Mexicana de Exportación llegó a promediar en 2012 casi 102 dólares por barril. Esta alza sin precedentes en las cotizaciones impidió ver nuevamente que las luces rojas ya estaban encendidas, porque aunque la producción de petróleo continuaba su descenso al igual que las reservas, los ingresos petroleros iban en aumento. La hacienda pública, además de su adicción a los ingresos petroleros, recuperó el mal hábito de endeudarse e invertir mal. Pemex fue el principal instrumento del endeudamiento público, pero perdió en las apuestas de inversión. La aventura de Chicontepec resume gran parte de ese cuantioso fracaso.
Hoy Pemex quita márgenes de maniobra al gobierno federal. No sólo porque extrae menos hidrocarburos y refina menos volúmenes sin haber reducido sus costos de producción desde el declive, sino porque el saldo de la deuda acumulada de esta Empresa Productiva de Estado representa alrededor de la tercera parte de la deuda del sector público federal. Ese espacio fiscal hoy es imprescindible.
@jchavezpresa
